Ganaron los que venden drogas. Ellos se quedaron en su territorio, nunca los persiguieron, no les hicieron nada. Ellos compran casas, tienen camionetas 4x4, tienen gente que trabajan para ellos, son Pyme lideradas por tipos sin trabajo que usan a los chicos y a los adolescentes que no estudian y están desocupados.

Mónica Torres se convirtió en los últimos tiempos en sinónimo de calvario. La mujer de barrio Yapeyú, en la zona este de la ciudad de Córdoba, que denunció a los que vendían drogas al menudeo cerca de su casa, cansada de que los compradores intentaran robarle a ella, tuvo que soportar todas las represalias. Atentaron contra su casa, balearon la fachada, le arrojaron pintura, golpearon a sus hijos... Desde octubre de 2011, una vigilia permanente de la Guardia de Infantería se apostó frente a su domicilio. Poco menos de un año después, personal policial se sumó a la protección, siguiéndola a sol y sombra. Perdió su trabajo, la tranquilidad, la salud, y ahora acaba de perder la casa que pagó durante 30 años.

Agobiada, la vendió por una cifra menor y se mudó a otro punto de la provincia (no se revela el sitio en esta nota para resguardar su integridad), donde alquila.

“Me quedé sin casa, tuve que regalar la mía y ahora alquilo. Mi hija también tuvo que renunciar a su trabajo, porque ahí la molestaban los que a mí me amenazaban... La mente se me ha despejado, ahora la voy a pelear un montón, pero no tengo más casa, la pagué durante 30 años y no me quedó nada, es muy injusto”, insiste Mónica.

El pasado 15 de agosto cerró la venta. Un día después, se mudó. Atrás dejó las amenazas, la guardia permanente y un derrotero interminable y sin final feliz por los pasillos estatales.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social habían advertido que el Gobierno le ofreció un departamento en barrio Mariano Fragueiro (cercano a Marqués Anexo), Torres se negó porque se trata de otra zona con problemas de inseguridad, además de no tener lugar para sus perros –ella contiene a animales que recoge de la calle–, además de la posibilidad de pagarle un alquiler en cualquier casa que ella eligiera hasta que pudiera vender la suya, opciones que la mujer rechazó.

En cuanto a la posibilidad de un crédito en el Banco de Córdoba, que ella pedía porque quería cancelarlo con sus propios ingresos (“no quiero que me regalen nada”, supo decir), desde el Ministerio indicaron: “En principio no es la respuesta a su problema, ya que necesita más dinero, cuota accesible y flexibilidad de requisitos”.

Para Mónica, la Provincia le dio la espalda. Critica que sea ella la que tuvo que vivir encerrada, mientras que los denunciados continuaron su vida con total impunidad. “No voy a denunciar más y me voy a defender por mi cuenta. Porque hice lo que tenía que hacer (ir a la comisaría, denunciar en la Justicia), me fue para el traste. A esto te empujan la Justicia y el Gobierno, a que me quede callada y me defienda sola”.

Mónica es una testigo de cómo la droga se fue asentando de manera estructural en muchos barrios de Córdoba. Con naturalidad, señala puntos de venta, da nombres, dice dónde está un desarmadero “que todo el mundo, incluso la Policía, conoce en Bajo Yapeyú” y se ríe casi irónica cuando se le pregunta cómo es posible que ella sepa tanto y los investigadores no.

Cronología

20/01/07. Mónica Torres sale a la calle para auxiliar a una vecina que estaba sufriendo un violento arrebato. Es llamada a declarar como testigo. Desde entonces, asegura ella, empezaron a molestarla.

Octubre de 2010. Mónica denuncia en la Comisaría 6ª que los que han intentado robarle en su casa son clientes de dealers cercanos a su domicilio.

20/10/11. Tras diferentes amenazas (atacaron a tiros su casa, le rompieron una puerta, le arrojaron pintura y hasta mataron a uno de sus perros), una guardia permanente se instala frente a su domicilio de barrio Yapeyú.

Junio de 2012. En la vía pública, Mónica es agredida por un grupo de vecinos a los que ella denunció en la Justicia provincial. Desde entonces, se decide que tenga, además de la consigna policial frente a su vivienda, protección permanente, por lo que un efectivo policial debe estar siempre junto a ella cuando salga de su casa.

Octubre de 2012. La mujer anuncia que está a punto de “malvender” su casa a un vecino vinculado con el tráfico de drogas. Sin embargo, el supuesto comprador es víctima de un “narcosecuestro” y rehúsa realizar la transacción.

Febrero de 2013. Presa de una crisis nerviosa, la mujer debió ser internada y le recomendaron no volver más a barrio Ampliación Yapeyú. Pero regresó al poco tiempo, ya que no tenía otro lugar donde vivir. “Estoy cansada, me da vergüenza tener que ir a todos lados con un policía, si yo no hice nada malo, ¿por qué entonces la que va con un policía soy yo?”, se preguntaba.

15 de agosto de 2013. Mónica logró vender su casa. Al otro día se mudó a una nueva vivienda que alquila.

Septiembre de 2013. Hoy vive sin custodia, aunque desde Protección de los Testigos, de la Policía, la llaman de manera constante. A ellos, dice la mujer, es a los únicos de la Provincia a los que les puede agradecer.