El fiscal Guzmán decidió revisar los gastos y las cuentas de la empresa desde que comenzó a reclamar los polémicos pagos adicionales por inflación. Dos técnicos del Tribunal Superior harán la auditoría
Guzmán, que desde octubre quedó a cargo de la causa después del apartamiento obligado de Julio Rivero, definió que dos peritos oficiales que trabajan para el Tribunal Superior deberán auscultar los gastos reales que tuvo Gamsur desde el 1º de enero de 2005 hasta el último día de 2008, esos cuatro años en los que los mayores costos formaron parte de la mesa de negociación con el Municipio.
Hasta ahora, la investigación había abarcado solamente el 2008, un año que despertó polémicas pero que no implicó un perjuicio real para el Estado porque los 12,6 millones de pesos que reclamaron los socios privados jamás llegaron a pagarse. Lo impidieron dos dictámenes: el del Tribunal de Cuentas, que fijó 5 millones de pesos, y el de la Secretaría de Economía, que estableció 7,5 millones.
Sin embargo, esa discusión llamó la atención sobre los períodos que sí se habían pagado. ¿Cómo era posible que el Municipio hubiera aceptado 5,4 millones en 2007, si un año después, con 20 por ciento de inflación, el monto justo era de 5 millones de pesos? Ahora, los dos técnicos que trabajarán en los números de Gamsur deberán dilucidar si las cifras eran justas o si, como señaló el fiscal Rivero cuando imputó a los dos directores privados y al anterior presidente de la empresa, se habrían elevado adrede para defraudar a la administración pública.
La investigación abarcará los cuatro años de gobierno de Benigno Rins porque desde el 1º de enero de 2005 se empezó a aplicar la fórmula polinómica que se usó para determinar los mayores costos. Lo que reprochó Rivero cuando imputó a Juan Carlos Masoero, Alcides Capello y Martín Abasolo fue que la gestión anterior y los órganos de control jamás revisaron los números que Gamsur declaró para justificar sus reclamos de mayores costos.
La pericia sobre la mixta sería realizada por un contador que normalmente trabaja en Río Cuarto para la Justicia y por un especialista que integra el equipo técnico del Tribunal Superior. Además, ahora que el fiscal oficializó la decisión, las partes tendrán tres días para designar a sus propios peritos de control.
Tanto Jorge Valverde, abogado de Capello, como Julio Alonso, defensor de Masoero, dijeron estar de acuerdo con la decisión de Guzmán. Es más, Valverde manifestó que pedirá que se amplíe la investigación y se llegue hasta el 2002, cuando nació Gamsur durante la gestión de Alberto Cantero. En ese contrato original -que después fue modificado por Rins- también contemplaba mayores costos.
Alonso manifestó que la pericia será positiva porque le permitirá a su defendido demostrar que no hay nada real en las acusaciones de fraude al Estado. "Es un delito imposible", indicó el abogado.
La pericia sobre los últimos cuatro años de Gamsur permitirá descorrer el velo de una discusión que siempre generó sospechas.
Qué se investigará
El fiscal Guzmán ordenó que se investiguen tres aspectos.
*Si los mayores costos fueron sobrevaluados.
*Cómo gastó en general la empresa mixta.
*Si hubo irregularidades en el rubro Mano de Obra y Personal.
Opiniones
Scoppa: "Es un paso adelante"
El concejal de la Coalición Cívica, Eduardo Scoppa, que inició junto a Enrique Nova la denuncia por el caso Gamsur, manifestó que la decisión del fiscal Guzmán "es un paso adelante".
"Es correcto que se vaya hasta donde tenga que ir la Justicia para descubrir la verdad. Hay que ir al origen del problema, que es precisamente el 2005, cuando empezó a regir la nueva fórmula polinómica", dijo.
Núñez: "Es una derivación lógica"
Víctor Núñez, jefe del bloque justicialista, declaró que la investigación de los últimos cuatro años de Gamsur es "una derivación lógica" de la causa judicial.
"La decisión de revisar todo se debe haber tomado después de haber encontrado algún hecho, algún acto administrativo que le lleva a analizar al fiscal qué pasó en los años anteriores. Debe quedar claro que el Concejo actuó correctamente", indicó.
Las claves
1-En julio, el Tribunal de Cuentas terminó el dictamen sobre los mayores costos de Gamsur. Según esa auditoría, en 2008 el Estado no debía pagar más de 5.004.000 pesos. Esa cifra se contrapuso a los 12,6 millones que reclamaron los socios privados de la mixta y a los 7,5 millones que determinó el gobierno de Juan Jure.
2-Con esa información, los concejales Eduardo Scoppa (Coalición Cívica) y Enrique Novo (Frente de la Gente) fueron a la Justicia. Por un lado, en los Tribunales provinciales reclamaron que se investigue si existieron irregularidades en el pago de los mayores costos y en el planteo que hicieron los empresarios. En el Juzgado Federal pidieron que se determine si existió evasión impositiva.
3-A fines de octubre, Julio Rivero, el fiscal que inicialmente instruyó la causa, decidió imputar a los dos directores privados de Gamsur -Alcides Capello y Juan Carlos Masoero- por defraudación contra la administración pública en grado de tentativa. También imputó a Martín Abasolo, presidente de Gamsur, por incumplimiento de sus deberes como funcionario. Para el fiscal, existían elementos para sospechar que los socios privados habían sobrevalorado los gastos de la mixta para cobrarle varios millones de más al Estado durante el 2008.
4-Como Masoero nombró a un cuñado de Rivero como abogado, el fiscal debió apartarse. Desde entonces, la investigación quedó en manos de Walter Guzmán. Al principio, el nuevo fiscal indicó que haría una auditoría contable pero sólo por el año cuestionado. Sin embargo, ahora decidió extender por cuatro años la auditoría contable e incluir los mayores costos que efectivamente pagó la Municipalidad durante la gestión de Benigno Rins.
5-Paralelamente, la Afip sigue investigando, por orden de la Justicia Federal, si existió evasión fiscal.
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