El organismo recaudador lleva tres meses auditando las declaraciones tributarias de la empresa mixta. Ahora, decidió extender aún más atrás la revisión de los números para comprobar si existió evasión
Así, la Afip irá tres años hacia atrás para determinar si hubo irregularidades en la declaración impositiva. Hasta ahora, ni el organismo nacional ni la Justicia Federal han dado a conocer resultados pero desde hace tres meses hay dos contadores auscultando los gastos y los pagos de la mixta encargada de la recolección de residuos y el alumbrado público.
Lo que trascendió es que a los investigadores les llamó la atención, al menos, los pagos realizados a una empresa -Movimientos de Suelos-, que no habría prestado servicios concretos a Gamsur. Es más, hay dudas de que la firma tenga actividad real. La cifra que se está manejando sería de 4 millones de pesos.
Las revisiones que está haciendo la Afip conforman una de las dos aristas que tiene el caso Gamsur. Por un lado, está la causa que se encuentra en la Justicia provincial y que ya ha generado tres imputados: los empresarios Alcides Capello y Juan Carlos Masoero y quien fue presidente de la empresa, Martín Abasolo. En esta causa, lo que se investiga es si existió un intento de estafa o directamente un fraude al Estado municipal con los montos de mayores costos que la mixta cobró en los años anteriores.
Por su parte, el Juzgado Federal investiga una posible evasión. "Si existieron irregularidades en la declaración de mayores costos, eso no implica necesariamente que exista evasión. La empresa puede haberle sobrefacturado a la Municipalidad pero podría ocurrir que la situación con la Afip sea correcta", manifestó un directivo del organismo recaudador.
La denuncia inicial
Las dudas sobre Gamsur comenzaron en julio de este año, cuando el Tribunal de Cuentas dio a conocer el resultado de su auditoría sobre la mixta y determinó que sólo correspondían 5 millones de pesos por los mayores costos de 2008. Esa cifra estaba muy lejos de los 12,6 millones de pesos que habían reclamado los empresarios y a una distancia considerable de los 7,5 millones que estableció la Secretaría de Economía.
Por esas contradicciones, los concejales Enrique Novo, del FreGen, y Eduardo Scoppa, de la Coalición Cívica, decidieron pedirle a la Justicia que investigara si hubo maniobras para cobrarle al Estado varios millones de pesos de más. La denuncia se hizo por doble vía: en los Tribunales provinciales y en el Juzgado Federal.
Después de una rápida investigación, el fiscal Julio Rivero decidió imputar a los dos empresarios por defraudación a la administración pública en grado de tentativa y a Abasolo por inobservancia de los deberes del funcionario público.
Según Rivero, hay sospechas fundadas que hacen suponer que los socios privados inflaron los números de Gamsur para cobrarle de más al Estado municipal.
Por su parte, el juez federal Carlos Ochoa decidió ordenar una investigación exhaustiva a la Afip, que puso a dos contadores de manera permanente a revisar las cuentas de la empresa mixta. Según informó una fuente confiable, el organismo recaudador tiene a la causa Gamsur como una de sus prioridades por la notoriedad pública que tomó la denuncia. Por eso, la investigación estaría próxima a cerrarse.
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