La nueva defensora del pueblo municipal, Andrea Galaverna, asumió ayer el cargo que ejercerá durante cuatro años y prometió trabajar para la consolidación de valores como "la solidaridad, la inclusión y la igualdad".

La ceremonia de jura se realizó en el Concejo, con la participación de las principales autoridades del municipio, la defensora del Pueblo de la provincia, Nadina Díaz, y referentes de distintas ONGs.

Galaverna es médica terapista, con amplia trayectoria en la salud pública y privada. Registra también antecedentes de militancia política y social desde el movimiento Evita y la organización "Las unas y las otras".

En su discurso de presentación dijo que se propone plantear "una nueva relación entre el ciudadano y el Estado, basada en prácticas participativas". Adelantó que la Defensoría trabajará con especial dedicación en "la empatía y la escucha" de los vecinos, a fin de establecer "lazos solidarios". También espera apelar a la herramienta de la mediación comunitaria, una línea de trabajo que ya había desarrollado su antecesor Vicente Mazzaglia.

Galaverna dijo que la agenda de la Defensoría será marcada por la gente, en especial por los grupos "invisibilizados", entre los que enumeró a los discapacitados, los pueblos originarios y las personas con necesidades básicas insatisfechas.

En un concepto que pareció desalentar a quienes la imaginan como una fiscal implacable de los poderes públicos, la defensora dijo que buscará "abordar los conflictos no desde la confrontación, sino desde la construcción equitativa de la institucionalidad".

El origen partidario de Galaverna y su afinidad con el oficialismo fue señalado como un punto flojo por una de las concejales que no apoyó su nombramiento: la radical Elena Welleschik. El otro voto en contra fue de la socialista Carmen Giménez, quien defendió en minoría la candidatura del abogado Darío Rodríguez Duch. Fuera de esos dos rechazos, la médica contó con el apoyo de los otros ocho concejales, representantes del PJ, el Frente Grande, PVC, SUR y el partido Pueblo.

Si bien no hizo alusiones políticas expresas, Galaverna deslizó una frase de resonancia kirchnerista: "asumo con profundas convicciones que no pienso dejar en la puerta de la defensoría".

También se comprometió a "consolidar una ciudadanía social basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos".

Consultada por este diario, Galaverna dijo que ya había designado su equipo de colaboradores y que decidió extender tres de los contratos políticos que existían en el organismo. Se abstuvo de dar nombres.

Aseguró además que las oficinas donde hoy funciona la Defensoría (un segundo piso en Mitre y Quaglia) "no son el mejor lugar". Por eso buscará la posibilidad de cambiarlo, aunque admitió que existe un alquiler pactado por tres años.