Este miércoles surgió la versión periodística de que el Ejecutivo provincial iba a enviar un proyecto a la Legislatura por el cuál se iba a obligar a countries y a clubes de campo a ceder un 10% de sus terrenos para la construcción de viviendas sociales.

Incluso se conocieron distintos puntos de la iniciativa, que incluía además una reforma impositiva para que los propietarios de terrenos baldíos en zonas urbanas pagaran más impuestos en caso de no utilizarlo para la construcción.

Desde el gabinete sciolista salieron durante la mañana a confirmar los rumores, y a dar mayores detalles sobre la propuesta que algunos medios (como Radio 10) calificaron de “chapista. Gustavo Aguilera, administrador general del Instituto de la Vivienda provincial, y la propia ministra de Infraestructura, Cristina Álvarez Rodríguez, estuvieron “de gira” por muchos medios explicando el proyecto que, según dijeron ambos, contaba con el guiño del Gobernador.

Sin embargo, cerca del mediodía, el vocero de la Gobernación, Gustavo Marangoni, salió a “rechazar” enfáticamente que el Ejecutivo provincial estuviera elaborando un proyecto de esa naturaleza, dejando poco menos que en ridículos a sus colegas de gabinete.

"No hay, ni habrá, ningún proyecto presentado por el Ejecutivo que lesione la propiedad privada en la provincia de Buenos Aires. Lo que se trabaje para el hábitat social va a estar siempre orientado para garantizar la propiedad privada. Trabajamos con los municipios para encontrar una solución al problema, pero sin afectar la propiedad privada", afirmó el funcionario por Radio 10.

Queda claro que la comunicación interna del gobierno provincial no es uno de los atributos del sciolismo. La duda es si efectivamente los anuncios son obra de algunos funcionarios, o si se trata de ensayos que se lanzan a rodar esperando el efecto mediático que tienen, para después si ratificarlos o rectificarlos. La duda, que es cruel y es mucha, está planteada.