Cambios a la normativa que desde el terreno de las entidades especializadas se consideraron precisos para una representación óptima de los ciudadanos frente a la adquisición de productos se compartieron en la última jornada de la Semana Nacional del Consumidor en Almirante Brown, que ahondó sobre la letra legal que vela por limitar las políticas empresarias que terminan por dejar sobre las espaldas de los compradores el costeo de las posibles pérdidas. Para el abogado Osvaldo Bassano, uno de los disertantes de la mesa, “lo fundamental es la educación y participación de todos, con un consumo responsable y sustentable”.

Desde el lunes, se montaron paneles de discusión por sectores de actividad económica, para generar conciencia sobre la protección de los recursos de las familias también por fuera de la adquisición de artículos de la canasta básica, que es, en general, el instrumento de medición del estado de los precios. Turismo y carteras crediticias también estuvieron en la mira. “Las organizaciones trabajamos porque la gente a veces no sabe lo que le cobran, mientras se engrosan las arcas” de las compañías, llamó la atención el legista, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc).

Las modificaciones necesarias para generar más y veloces intervenciones a favor de los vecinos se deberían realizar, según los hacedores, en la base de las ofertas, en primer término, y en la recepción y orientación de los reclamos, cuando ya se produjeron los conflictos. “Existe una constante en el ingenio de las gerencias que pergeñan ideas para aumentar ingresos de las empresas con actividades que no incluyen a las personas”, acusó el referente, que compartió micrófono el viernes con Ana María Bargiela, Juana Dioguardi y Jorge Rossi.

En ese sentido, la generación de oficinas estatales que asisten en la materia recibió halagos por la oportunidad de mediar entre las corporaciones privadas y los afectados, con el respaldo de las instituciones que tienen ese característica como fin constitutivo, incluso contra las ventanas de atención de las firmas que suelen no recepcionar los pedidos de explicaciones ni darle seguimiento, coincidieron los invitados.

“No existe responsabilidad social empresaria, las grandes firmas monopolizan la producción con un norte: la ganancia, sin importar el consumidor ni el producto”, denunció Bassano, en diálogo con LA TERCERA. Como ejemplos citó la ‘letra chica’ de las publicidades, que limitan lo ofrecido en primera plana, o los precios de los lácteos en los hipermercados, que hasta resultan “más caros que en el comercio minoritario, un motor económico y social”.

Balanza propia

Si las herramientas en ejercicio no actúan como escudo suficiente para los compradores y las compradoras, entonces el viraje debe ser mayor. Adduc impulsa “un proyecto de creación de un fuero judicial dedicado al derecho del consumidor exclusivamente, por un lado, y que, por otro, los municipios (en arreglo a) la ley orgánica (de las comunas) creen el lugar de un juez que aplique sentencias” en el caso de comprobarse atropellos contra el bolsillo o la buena fe de los querellantes.

Para avanzar en el primer término, es preciso que la Legislatura bonaerense se expida a favor, mientras que en el segundo apartado de la iniciativa, la puesta en función podría ser decisión de cada Ejecutivo local, como ya sucede en Mar del Plata y La Plata.