Se conocieron dos hechos irregulares: la Fundación denunció como sede un baldío y cobró el primer convenio antes de la acreditación de su personaría.
Uno de ellos es que el primer contrato entre la Tamse y la Fundación Liliana Vera fue firmado en septiembre de 2006 y la personería jurídica entregada a la entidad por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas es de exactamente un año después: 11 de setiembre de 2007 (ver aparte).
Otra irregularidad aparentemente flagrante es que el domicilio que acusa Liliana Vera en el trámite ante Inspección de Personas Jurídicas, es un baldío en barrio Coronel Olmedo, en la calle 11 de Setiembre 5.289. Así reza una certificación expedida ayer por la citada Dirección.
Tanto la certificación como el hallazgo de un baldío con “flora nativa” fue tramitada y constatado, en uno y otro caso, por Elvio Sahaspe, un activo concejal del bloque peronista que mantiene desde hace tiempo vigilia legislativa sobre la ruinosa empresa municipal de transporte.
El referido primer contrato con la Fundación fue firmado el 1 de septiembre de 2006, y al pie lleva la rúbrica de dos dirigentes con cargos lectivos y enrolados en el juecismo, que mantienen un alto perfil publico para criticar al intendente Giacomino y a la Tamse
Se trata de Mario Agüero, presidente del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad, y de Walter Nostrala, titular del bloque de concejales juecistas. Ambos, el primero como vocal y el segundo como presidente de la empresa de transporte, estamparon sus rúbricas al pie del convenio.
El convenio obliga a la Tamse a pagarle por mes a la Fundación Liliana Vera $ 81.000 para trasladar a discapacitados. Pero el monto del contrato prorrateado por la cantidad de viajes de personas discapacitadas, determinan que cada traslado cueste $ 101. Esto es prácticamente más oneroso que transportarlos en una limusina, por no mencionar alternativas más económicas y mucho más confortables que un colectivo, como un taxi o un remis.
Consultado Agüero sobre este costoso convenio, dijo que las normas vigentes entonces obligaban a la Tamse a enfrentar el traslado sin cargo de estas personas, y que hacerlo con choferes de la UTA era más costoso todavía.
Pero ni Agüero ni Nostrala, en consulta periodísticas de otros medios, dijeron nada sobre otras normas -leyes nacionales y Carta Orgánica Municipal- que benefician a discapacitados y que fueron ominosamente ignoradas por el gobierno que ellos integraban. La referencia es a la cláusula que obliga al Estado a destinar el 5% de los nombramientos en sus planteles de personas discapacitadas.
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