El decreto 1.789 de la Secretaría Legal y Técnica, establece que el decreto es  parte de "políticas de prevención de la corrupción" y "sólo una herramienta más entre muchas otras para transparentar el accionar de las personas que ejercen una función pública como fuente de autoridad y ejemplaridad social".

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Según el decreto, aquellos funcionarios que deberán presentar la declaración todos los años serán:  el gobernador, el vice, los ministros, secretarios y subsecretarios, directores generales y directores, escribano general de Gobierno y su sustituto, asesor de Gobierno y su sustituto, el Fiscal de Estado y su sustituto, los Jefes de Gabinete y asesores, el contador general de la Provincia, el tesorero general, contadores y tesoreros de todas las jurisdicciones, jefe y subjefe de la Policía, Prefecto general y Prefecto del Servicio Penitenciario, personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, todo funcionario con cargo de mayor jerarquía y todo funcionario o empleado que desempeñe cargos o funciones en organismos públicos alcanzados por el decreto.

Asimismo, se invita al Poder Legislativo, Judicial, municipios, Irrigación, Empresas del Estado con participación accionaria del Estado y entes descentralizados a adherirse a la norma.

Según lo que establece el decreto, la autoridad donde deben presentar las declaraciones será la Fiscalía de Estado, y deberá presentarse ante el ingreso y egreso del Estado.

Asimismo, se deberán actualizar en caso "que se hubiesen producido modificaciones al 31 de diciembre de cada año en la situación patrimonial de los sujetos obligados".

En caso de que el funcionario no presente su Declaración, podría ser separado de su cargo y si al irse del Estado, no la vuelve a presentar en un plazo de 15 días hábiles, serán intimados por la Fiscalía de Estado.

Una larga promesa

En la Legislatura provincial son varios los proyectos que duermen y que establecen la obligatoriedad de presentar Declaraciones Juradas.

De hecho, no solo esos proyectos descansan en el sueño eterno, sino que el propio gobernador Francisco Pérez lo había prometido en el 2013 y en el 2015.