Las turbulentas aguas que agitaron la tranquilidad en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) durante los últimos meses parecían haber ingresado nuevamente en un remanso. Pero ayer la calma volvió a interrumpirse. LA GACETA accedió a un dictamen interno, mediante el que se recomienda no pagarles a dos empresas que aparecen como prestadoras pero que, en la práctica, no registran haber provisto de materiales a la DAU.

El 18 de septiembre, el ingeniero Miguel Brito ya no se desempeñaba como director de la convulsionada repartición. Ese día, el jefe del Departamento de Asesoría Letrada de la DAU, Julio René Lezana, rubricó un informe que da cuenta de la existencia de dos empresas, presuntamente "fantasma", que le facturaron al organismo en la gestión de Brito.

Las dos firmas sospechadas son Val-Math y Prove-Nort, de María Cristina Cuezzo y Christian Jugo, respectivamente. Y según los comentarios que surgen desde los pasillos de la DAU, a Cuezzo y Jugo los uniría algo más que una simple actividad comercial.

La luz roja de alarma comenzó a titilar en la repartición cuando Cuezzo y Jugo presentaron sendas facturas para cobrar por la venta de materiales y la realización de servicios. Lezama fue categórico en su dictamen. El encargado de la Asesoría Letrada expuso que los materiales que Val-Math y Prove-Nort le habían vendido a la DAU nunca ingresaron al depósito central, de acuerdo a lo manifestado por el encargado de ese sector. "Según el señor Carlos Barrera, jefe del Depósito Central, de ninguna manera ingresaron en dicha dependencia los materiales mencionados en ninguno de los dos remitos, y aproximadamente hace siete años que no se registra ingreso alguno de materiales de las firmas de marras (Val-Math y Prove-Nort) a dicho depósito", señala Lezana en su informe. Las facturas y remitos que Cuezzo y Jugo presentaron para cobrar sus ventas llevan firma y sello de Brito.

Pero si los materiales nunca ingresaron a la DAU, ¿dónde fueron a parar? Esta pregunta todavía no pudo ser respondida en las oficinas de calles Bolívar y La Rioja. Sin embargo, de manera preventiva, el auditor interno le recomendó a la DAU que no les pague a estas dos empresas por las facturas que reclaman. "No habiendo obra concreta donde fueron destinados los materiales consignados en los respectivos remitos y/o lugar que indique dónde fueron puestos en obra; y que no hay indicios certeros de la existencia de dichos materiales en cuanto a dónde fueron depositados; y que ante las manifiestas irregularidades producidas en el trámite de estos actuados, no se dé curso de pago a los presentes expedientes", recomienda Lezana. El funcionario también asesora a la autoridad competente (el nuevo director, Juan Luis Pérez) que se impongan las sanciones correspondientes, y que se labren los sumarios administrativos pertinentes. "Por lo expuesto, considero menester que se realice la investigación administrativa al señor Alberto Vidal, a los fines de deslindar responsabilidades", aconseja Lezana. ¿Quién es Vidal en esta trama? Se trata de un empleado de la DAU que habría llegado a la repartición de la mano de Brito, y fue quien firmó haber recibido materiales de la empresa Prove-Nort, mediante el remito Nº 00000613. Vidal dio fe, en ese acto administrativo del 20 de marzo pasado, haber recibido 20.000 ladrillos; 300 bolsas de cemento de 50 kilos cada una; 10 camionadas de ripio; ocho camionadas de arena mediana; 50 palas punta cuadrada y 50 de punta común; 10 tanques de agua; 200 metros cuadrados de chapa galvanizada; y 15 juegos de baño completos. Estos elementos, según el jefe de depósito, nunca ingresaron a la DAU.

Las claves de una polémica renuncia

En julio, el TC halló sobreprecios de hasta un 128% en obras de la DAU en la fachada de Casa de Gobierno; se impidió la ejecución.

Miguel Brito, que dirigía la DAU, adujo que la obra había sido gestionada por Roberto Bianchi, su subdirector. Sin embargo, renunció.

Un corralón, propiedad de familiares de Brito, le facturó casi $ 1 millón a la Dirección de Arquitectura, según publicó LA GACETA.

Otro proveedor inscribió sede en la calle Emilio Castelar 450. Esa dirección, en realidad, no está asignada a ninguna propiedad.