Entre las muchas causas que la Cámara Federal de nuestra Provincia tiene que resolver luego de superar la crisis que la afecta, hay una del sur mendocino en la que está implicada una funcionaria judicial federal que pese a estar imputada en una causa y sumariada internamente, sigue prestando servicios. Desde el mismo tribunal se ha pedido a la Cámara su "cesantía y/o exoneración", pero nada se ha resuelto aún.

El caso

La solicitud está basada en un sumario administrativo contra la doctora María Laura Bacigalupo que este año estuvo, en primer lugar, suspendida por treinta días sin goce de haberes y luego sesenta más.

Cumplidos estos plazos legales se reintegró a sus tareas pero "sin firma", como se denomina en la jerga judicial. Es decir, asiste a su trabajo y se le abona su salario por ello pero no puede resolver ningún caso ni participar y mucho menos firmar.

Cabe destacar que la funcionaria es esposa del juez del Tercer Juzgado de Instrucción de San Rafael, Gabriel Ravagnani. Está imputada penalmente y ya prestó declaración indagatoria junto a un martillero y a otra persona, que sería la compradora de una propiedad rematada, por falsedad ideológica, adulteración de documento público e incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otras acusaciones.

La medida administrativa en cuestión, de acuerdo con la elevación que se hizo en agosto, está basada en una causa penal en la que está involucrada Baciagalupo (legajo personal 57.367) que se sigue a una persona amiga de ella que adquirió una propiedad inmueble de importante valor (el avalúo fiscal supera los 100 mil pesos) a una suma de un poco más de 20 mil pesos.

En el expediente se señala que se cometieron irregularidades atribuidas a la funcionaria y a otras personas donde "se ha visto comprometido gravemente el servicio de justicia y la confiabilidad del Tribunal". También se le endilga haber ordenado el préstamo "irregular" del expediente de referencia, cuando está expresamente prohibido hacerlo -salvo algunas excepciones que no se reunían en este caso-.

En resumen, en la causa judicial en la que está imputada la funcionaria se investiga la presunta adulteración de un porcentaje en un remate judicial de una propiedad donde se habría corregido una cifra para favorecer la compra con una base de remate que no respeta los porcentajes estipulados. Esta cifra habría sido modificada después de haberse dictado el decreto de adjudicación del bien de acuerdo con pericias informáticas realizadas en el sistema del mismo Tribunal.

Cabe destacar que en ese avalúo fiscal adulterado intervinieron otras personas que están siendo investigadas y que pertenecerían a la Afip.

El Tribunal Federal, en ese entonces en manos del ya jubilado juez Raúl Acosta, solicitó su cesantía y/o exoneración por considerarla en el sumario administrativo encuadrada en la figura de "pérdida objetiva de confianza a los términos del artículo 16 del decreto 1.285 de la Organización de la Justicia Nacional" y por "grave trasgresión a la condición de conducta irreprochable que prevé el artículo 8 del Reglamento para la Justicia Nacional". Esto que se señala en el escrito es debido a que la acusada intentó delegar su responsabilidad en empleados que estaban a su cargo.

En el momento de la elevación del pedido a la Cámara, el magistrado también hizo reserva de su derecho de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que la Cámara no compartiera el criterio de aplicar la sanción solicitada.