La funcionaria municipal salió al cruce y se defendió de las expresiones de concejales y el Instituto Municipal de la Vivienda, quienes apuntaron en su contra por haber expresado su acuerdo con el reclamo de unos ocupantes en el barrio Newenche.

"Ninguna ocupación es buena, no avalo la ocupación, acompaño la lucha de las personas de Covigast que es muy distinta a cualquier otra gente que pueda necesitar un lote o una vivienda, es digno que todos tengamos una vivienda, pero no avalo toma alguna", dijo Garro en diálogo con ADN.

La vocal del Tribunal de Contralor quien envuelta en esta polémica dejó la semana pasada la presidencia de ese cuerpo, consideró que algunos concejales "se apresuran un poco a emitir un juicio de valor sin hacer investigaciones o estudiar al menos el caso para ver cómo venía el tema, el hecho de ser funcionaria no me impide dar una opinión como vecina, más en un tema donde mantengo una coherencia de haber participado en la lucha por la vivienda en su momento, sin desconocer ahora por ser funcionaria a la gente que yo misma he acompañado y me han acompañado en todo el proceso de tratar de recuperar de alguna manera la estafa que habíamos sufrido".

Hasta el momento el planteo de un sumario de investigación que anticipó la concejal radical, Laura Alves, no ingresó al Tribunal de Contralor, y tampoco existen pedidos oficiales a ese organismo por parte del Instituto de la Vivienda que sí remitió una nota al Concejo solicitando se analicen medidas para una eventual revocatoria de mandato de Garro por considerar sus expresiones de "gravedad institucional".

Garro cuestionó que "es costumbre del Concejo manejarse a través de los medios" y apuntó a que el Ejecutivo municipal esconde detrás de ese pedido una postura para "acallar las voces dentro del Tribunal por varias investigaciones que llevamos adelante donde están involucrados también varios funcionarios del Ejecutivo", en referencia a los juicios de responsabilidad que se llevan adelante.

Por su parte, el abogado de la funcionaria, Marcelo Ponzone, señaló que no existe en su accionar ninguna cuestión que amerite la revocatoria de mandato cuyas causales son "taxativas y están establecidas en la Carta Orgánica (art. 154)".

Indicó que "la opinión que se le pueda atribuir o la interpretación de esa opinión de ninguna manera puede ser causal de revocatoria (…) en democracia no existe el delito de opinar, eso es parte de la dictadura y nosotros lo que estamos diciendo es que como funcionaria y como persona de la política tiene derecho a opinar. Una cuestión es la opinión respecto de un reclamo de un derecho y otra cosa es avalar la forma, lo que no se está avalando es la forma".

Respecto del posible incumplimiento de sus deberes, el abogado remarcó que el rol en el Tribunal de Contralor es "controlar a la administración pública y a los funcionarios públicos, no controlar a los vecinos y al accionar de los vecinos, para eso está la Justicia"