En este cuadro hay una responsabilidad directa en las autoridades municipales, pero también en la transportadora; las primeras porque, deliberada o involuntariamente, ignoran el escenario y la firma, porque arteramente incumple el contrato de servicios. En el medio, decenas de personas con distintos tipos de limitaciones físicas deben cargar con las consecuencias de un Estado ausente por la desidia de sus funcionarios.
En 2006, luego de acordar condiciones contractuales muy favorables el Grupo San José se alzó, en forma monopólica, con el servicio público de pasajeros de la capital provincial. Colectivos identificados como Ciudad de Formosa coparon la ciudad, brindando una calidad de prestación con escasos antecedentes entre los usuarios. El contrato, además, preveía la incorporación de un coche por línea, armado con piso bajo y una rampa hidráulica para facilitar el acceso y descenso de personas especiales de modo que, montadas en sillas de rueda puedan formar parte del recorrido.
Empero, de una decena de colectivos de estas características, la firma sólo presentó cuatro. Aunque jamás pudo determinarse si todas ellas funcionaban correctamente, la actualidad marca una lamentable realidad que golpea a uno de los sectores más vulnerables e indefensos de la sociedad: el de las personas que, por diferentes razones y orígenes, viven con limitaciones físicas.
Este medio pudo determinar, después de realizar un total de trece consultas con choferes de Ciudad de Formosa, un cruel panorama que tiene como cómplices a las autoridades municipales y a los ejecutivos de la firma: sólo hay cuatro colectivos con piso bajo, ensamblados para personas con capacidades diferentes. Se trata de los internos 817, 818, 819 y 820.
Todos los conductores consultados, en un espacio de tiempo menor a las dos semanas, establecieron que en ninguna de esas unidades funcionan las rampas y que, además, todas tienen problemas de freno, dirección y amortiguación.
De todos modos los coches 817 y 820 funcionan con esas limitaciones a cuestas, aunque el sistema de rampa permanece inutilizado, con lo que el propósito originario quedó ostensiblemente reducido.
En las próximas horas esta misma firma participará de un proceso licitatorio intentando continuar con el servicio, mientras del otro lado del mostrador surge el intendente municipal Fernando De Vido manteniendo una conducta desinteresada e incompetente con el cargo que ostenta.
Entretanto, el concejal Fabián Olivera adelantó su decisión de formalizar una denuncia por incumplimiento de contrato con la prestataria y por incumplimiento de los deberes de funcionario público con el jefe comunal.
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