Atentos a los sucesos de Concordia, un grupo de personas –entre ellas, comerciantes, estudiantes, trabajadores de distintos rubros, profesionales del derecho, de la salud y de la educación– manifestaron su “total repudio a un grupo de no más de 40 policías que mas allá de su justo reclamo salarial, dejaron sin seguridad” a la población. A eso sumaron “el agravante de comunicar a personas vinculadas al delito, que dejarían de patrullar las calles, para así liberar a las acciones del hampa de cometer todo tipo de hechos como saqueos a supermercados, comercios, almacenes, casas, obligando a los ciudadanos a armarse en defensa de sus bienes”.

En un documento que titularon “Con la impunidad no se negocia”, que circula por las redes sociales, indicaron que a 30 años de la democracia reafirmaron sus “derechos como ciudadanos a vivir en paz, sin aprietes, ni extorsiones, de personas que usando un uniforme y un arma que nosotros pagamos con nuestros impuestos, las utilicen en detrimento de nuestras libertades individuales, de circular libremente y abandonarnos a la suerte de ladrones y saqueadores de nuestros bienes materiales”.

Por ese motivo criticaron el acta acuerdo firmada por el gobernador Sergio Urribarri, el Obispo de Concordia, Luis Collazuol, y “los sediciosos”, en donde se estipula que no habrá sanciones administrativas quienes “incumplieron por más de 24 horas con el deber indelegable de funcionario público, incurriendo en una falta gravísima, no solo para el sistema democrático, sino también como ejemplo de lo que no se debe hacer”.

A su vez instaron al Procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge García, a que se investigue a los policías que abandonaron sus puestos, también a los que ingresaron por la fuerza a las dependencias de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia agrediendo a golpes sus pares y a los que instigaron a cometer todo tipo de delitos, sobre todo callejeros.

“Volvemos a reiterar que tienen a su cargo la custodia de un derecho humano básico que es la seguridad ciudadana y para eso el Estado les otorga el monopolio de la fuerza y la potestad de portar armas; entonces no es posible que tomen esas mismas armas para extorsionar a un gobierno”, resaltaron.

Luego responsabilizaron a estos policías por “las muertes ocurridas durante las últimas 48 horas en nuestra ciudad, aparte de los heridos, saqueos y destrucción”.