Las declaraciones del gobernador José Manuel de la Sota sobre la necesidad de una “reconciliación” con los represores de la dictadura y su propuesta de reducir penas a los condenados a cambio de información, provocaron el rechazo hasta de funcionarios de su propio gobierno. Ayer, Juan Enrique Villa, director de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de Estado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, expresó su “enérgico repudio” a las declaraciones de De la Sota sobre “la política de derechos humanos del Gobierno nacional y sobre los juicios a los genocidas responsables del terrorismo de Estado en nuestro país”.

Villa, ex secretario general del gremio de Perkins en la etapa previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se mostró indignado con la posición que exhibió el mandatario, y consideró “una falta de respeto” y un “atraso histórico” proponer un acuerdo y una reconciliación con los autores de delitos de lesa humanidad, justamente en momentos en que se están llevando a cabo los juicios por esos hechos. “Es insostenible pensar en negociar con genocidas responsables del golpe cívico-militar que nunca se arrepintieron ni siquiera en el marco del desarrollo de los procesos judiciales que los tiene como imputados, con las garantías que establece la Constitución”, dijo el funcionario. Como se informó ayer, De la Sota sostuvo en una entrevista en Canal 26 que “Argentina necesita un baño de reconciliación” y afirmó que “hay algunos que hacen una política del resentimiento”, en supuesta referencia a la decisión política del Gobierno nacional de juzgar a los responsables del terrorismo de Estado de los 70. Asimismo, el mandatario sugirió reducir penas a los condenados por estos delitos imprescriptibles a cambio de que brinden información sobre el destino final de los desaparecidos, algo que los imputados no han hecho en los treinta años que ya pasaron desde el final de la dictadura.

En diálogo con este diario, Villa recordó que en el gremio de Perkins hubo “siete compañeros muertos” por la represión ilegal y aseguró que “con esos represores no se puede negociar nada”. Asimismo, afirmó que el gobernador cordobés “revivió la teoría de los dos demonios”, al poner en el mismo plano el terrorismo de Estado y al asesinato de un dirigente gremial como José Ignacio Rucci, adjudicado a la organización Monteros y que De la Sota reclama investigar.