La pretensión de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, en especial de su presidente Antonio Estofán, de modificar el sistema penal a través de acordadas internas del Máximo Tribunal, fue duramente objetado por dos referentes de la bancada oficialista, pues se indicó que se omite el dictado de una ley, como instrumento necesario para proceder a instaurar los cambios respectivos.

El titular de la comisión de Seguridad de la Cámara, Gerónimo Vargas Aignasse, se mostró renuente a aceptar este plan piloto (que en un principio se aplicaría en Concepción, pero que se encuentra suspendido ante planteos de inconstitucionalidad en contra de la medida).

"En un encuentro que mantuve con Estofán le dije claramente que iba por vías equivocadas con este plan, ya que para ello se necesita de una ley y no simples acordadas", refirió.

A su vez, consignó que "el problema en todo esto no es el Código de Procedimiento Penal sino los operadores judiciales. Igualmente, hay que entender que cada poder del Estado tiene sus atribuciones propias", sostuvo Vargas Aignasse.

Quien no disimuló su molesia por la actitud asumida por la cabeza de la Corte, fue el titular de la bancada "Tucumán Crece", Roque Tobías Álvarez.

"Llama la atención que se nos quiera reemplazar de nuestra tarea. Pareciera que sí se puede legislar desde la Corte. Pero no es posible transferir en manos de ellos (por los vocales de la Corte) nuestra cualidad legisferante", indicó Álvarez.

Luego, el peronista continuó con sus manifestaciones críticas al destacar que "nosotros (por los legisladores) abogamos por cientos de miles de ciudadanos que están siendo despojados de sus derechos. Si no necesita de las leyes, no sé que sentido tenga una visita de Estofán a la Legislatura" para analizar la temática, finalizó Álvarez.