La manifestación no sólo hace referencia al dinero "sino en el resentimiento -cada vez más profundo- de las instituciones republicanas de gobierno". En este sentido, la nota señala que "el traslado a distintos puntos del país de decenas de funcionarios públicos provinciales para que actúen de "punteros" en un comicio que sólo despierta verguenza e hilaridad en la opinión pública pagados con fondos del Estado provincial , no solamente perjudica ilegítimamente las finanzas del erario público haciendo incurrir en sus protagonistas en el delito de violación de los deberes de funcionario público".

Del mismo modo, el PDI cuestiona el accionar del Poder Judicial de la provincia. "En virtud de lo público y notorio con que se actúa, la impunidad con que las actitudes y conductas de quienes se movilizan al amparo del poder político, se encuentra "garantizada" por un Poder Judicial carente de independencia y la ausencia -también deliberada- de todo organismo legal de control de aquél poder del Estado".