Los obreros indicaron que la presentación del sindicato era “insólita” y “sin fundamento fáctico ni jurídico”, y que los argumentos vertidos “son falsos, mezquinos e interesados en confundir a los ediles municipales”.

En este sentido, aclararon que “si bien es cierto que los bienes se encuentran afectados a un proceso concursal, no hay impedimento legal alguno que inhiba al Concejo Deliberante, haciendo uso de sus facultades legales, dictar una ordenanza que declare de utilidad pública y sujeto a expropiación los bienes muebles y demás”.

En el documento presentado por el presidente de la cooperativa Carlos Vega, el secretario general de la CTA, Ángel D’Amico y el abogado de la central obrera, Julio Hikkilo, plantearon: “No es cierto que se ocasionará un perjuicio irreparable a los acreedores con la aprobación de la ordenanza expropiatoria”.

“Es llamativo –repararon- que recién ahora y en esta instancia, cuando se aprobó la ordenanza que puede frenar la venta a precio vil del frigorífico, los ‘dirigentes’ del sindicato demuestren interés en preservar los bienes, ya que durante todo este tiempo han estado ausentes y han hecho muy poco en la defensa de los trabajadores y la preservación y custodia de los mismos”.

En este sentido, indicaron que si no fuera por la custodia de los trabajadores el frigorífico sería “un caparazón vacío de imposible recuperación productiva”, como producto de los robos que se sucedieron después del dictado de la quiebra, que quedaron documentados en denuncias.

“Es paradojal y sugestivo que el Sindicato priorice la defensa de los acreedores y no de los trabajadores”, señalaron y cuestionaron la falta de propuestas para “resolver el drama” que atraviesan los obreros de la carne. “Hoy cuando hay una posibilidad concreta por parte de los trabajadores, siguen apostando a que el frigorífico se remate. Aparentemente lo único que les interesa es facilitar el remate para procurar el cobro de sus acreencias”, apuntaron. Y recordaron que quien puede comprar las instalaciones no está obligado ni a incorporar a los trabajadores ni a continuar con la industria de la carne.

En relación al “costo beneficio social y económico” que implica la recuperación y puesta en marcha productiva del frigorífico, señalaron que “el Concejo Deliberante ha optado por el camino correcto”. Y recordaron que se encuentra en estado parlamentario en la Legislatura provincial la ley de expropiación del bien inmueble.

Frente a los cuestionamientos por la conformación de la cooperativa, determinaron que “Recuperar Ltda. se encuentra legalmente constituida e inscripta en los organismos legales correspondientes”, tal como sustentan los comprobantes adjuntos.

Y por último, aclararon que “no hay elemento ni fundamento jurídico que indique violación de disposiciones legales en el tratamiento de la ordenanza, que pueda dar fundamento a un reclamo por daños y perjuicios contra los concejales o el erario municipal”. “Con esto –sostuvieron- se está pretendiendo presionar subliminalmente a los ediles para que cambien de posición y voten una nueva ordenanza en beneficio de los propios dirigentes del sindicato”.