Centenario > La falta de criterios conjuntos entre el municipio de Centenario y el gobierno provincial para la explotación de tierras fiscales generó que algunas empresas instalen obras civiles sin ningún tipo de control local.

Esto sucede hoy a un kilómetro antes de llegar a la ciudad por la Ruta 7, a mano izquierda viniendo desde Neuquén. Una empresa desmontó y cercó, con un muro de cemento, más de diez hectáreas sin que la comuna haya intervenido en la obra.

La compañía solicita ahora –tras casi un año de trabajos- que el municipio apruebe la mensura del lote donde desarrollará un proyecto sobre el cual nunca presentó un informe de impacto ambiental, al menos para realizar la obra civil, según consta en el expediente legislativo.

El proyecto en cuestión está fuera de los límites del parque industrial diseñado por el municipio, pero como las tierras son provinciales, no hay un criterio que haga unificar las pautas para que se instalen las empresas en esta localidad.

La exigencia de la empresa, que pide al Concejo Deliberante que apruebe la mensura de las tierras para seguir con las obras, se topa con un debate ineludible: la administración de las tierras fiscales provinciales dentro del ejido centenariense, donde el intendente Javier Bertoldi reclama el traspaso de miles de hectáreas a la órbita comunal.

Provincia ha entregado tierras fiscales a empresarios para desarrollar tareas agrícolas e industriales, pero a su vez, el municipio reservó un área industrial que, en su dibujo, dista mucho del lugar donde están ubicadas las tierras entregadas.

La polémica se instaló de manera más profunda el año pasado, cuando la empresa Aiken Leufú SRL desembarcó en la ciudad, luego de que la subsecretaría de Tierras de la provincia, a cargo de Gustavo Celayes, otorgara –mediante la disposición 108/09- un remanente de 10 hectáreas del Lote 1, que está registrado a nombre de la Policía de Neuquén.

Precedente

El traspaso de ese terreno fiscal sentó un precedente, ya era unos de los más cercanos a la ciudad, apostados en la Ruta 7 sobre la meseta. El valor inmobiliario de 10 hectáreas para explotar el servicio de ruta hoy es incalculable, teniendo en cuenta la proyección económica ante la demanda de empresas de servicios petroleros y turísticos.

La empresa en cuestión se constituyó el 31 de octubre de 2008 con un capital social de 210 mil pesos, según consta en el Boletín Oficial de la provincia, y está dedicada a las operaciones inmobiliarias, las de tareas agrícolas diversificadas y los servicios turísticos.

Sin embargo, en el plan de obra presentado en el Deliberante, la compañía señala que realizará una “playa de estacionamiento para maniobras del personal y clientes”, en una meseta de más de 10 hectáreas que fue desmontada.

El municipio intentó infructuosamente frenar la obra a fines del año pasado, ya que la empresa nunca presentó un informe de impacto ambiental, según consta en el voluminoso expediente que maneja el cuerpo deliberativo. (Ver recuadro)

A su vez, un dictamen jurídico –el 138/09 de la Subsecretaría de Tierras y Vivienda del municipio- fue lapidario: no sólo señaló que la empresa nunca había presentado un informe de impacto ambiental, sino que instó a parar la obra, en perjuicio los problemas de salud que podría acarrear el desarrollo del proyecto, que en su fase de instalación y movimiento de suelo ya está completo.

La entrega de terrenos sobre la ruta está en discusión desde hace tiempo, ya que está “asfixiando” el diseño del futuro parque industrial, en una puja entre Bertoldi y los funcionarios de esa cartera provincial.

Si bien días atrás se informó que existen pautas para aunar criterios y devolver la administración al municipio de miles de hectáreas fiscales que hoy están a disposición de Provincia, ésta última ya ha entregado tierras de alto valor inmobiliario en el corredor de la Ruta 7.

Una obra, con impacto en el medio ambiente

Centenario > El 30 de diciembre de 2009, un grupo de inspectores de obra, junto con el secretario de Obras y Servicios Públicos, Fernando Pieroni, y empleados de la Subsecretaría de Tierras del municipio, se acercaron hasta el lote fiscal que había sido transferido por el gobierno provincial a la empresa Aiken Leufú SRL.

Habían advertido un gran movimiento de suelo que formaba un terraplén que, con los fuertes vientos, tapaba la visibilidad en el ingreso a la localidad. Pero ni los funcionarios ni el intendente pudieron frenar la obra y tampoco pudieron hablar con el responsable de la empresa.

Según consta en el acta de inspección 45/09, los funcionarios accedieron al predio para exigir a los responsables de la obra el estudio de impacto ambiental, ante los grandes volúmenes de tierra, producto del desmonte y terminación de la meseta.

Pero al llegar al lugar sólo encontraron un operario con una camioneta de la empresa de servicios petroleros El Tronador SRL, cuyo chofer les advirtió que sólo cumplía órdenes de alisar y emparejar las hectáreas.