1) En cuanto al rol y desempeño protagonizado por el STJ, como órgano que encabeza el Poder Judicial, es conveniente recordar que desde la última reunión con el Sr. Gobernador, realizada el 24 de junio pasado, en la que se consensuó que se realizaría otra reunión en el futuro inmediato para tratar los temas pendientes y relacionados específicamente con el presupuesto del Poder Judicial, dicha convocatoria nunca se concretó, a pesar de las reiteradas notas enviadas por el Presidente del STJ a tales fines. La última solicitud fue enviada luego del acuerdo del 26 de octubre pasado, sin tampoco haber obtenido respuesta.

En el ínterin, una vez iniciadas las medidas de fuerza por las citadas asociaciones de trabajadores, el 5 de octubre pasado el STJ convocó a una mesa de diálogo y discusión, instancia de la que participaron todos los sectores involucrados en la actividad judicial , a saber: las tres asociaciones judiciales (Sindicatos de Empleados Judiciales del Chaco, Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco y Asociación Judicial); la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales; Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Paz y Faltas; Consejo de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial, Colegios de Abogados de las cinco circunscripciones judiciales del interior; representantes de la Caja Forense y jueces civiles de primera instancia de Resistencia.

En esos encuentros -realizados el 5 y el 12 de octubre- se convino, por unanimidad que se suspendían todas las medidas de fuerza en búsqueda del objetivo de tratar de arribar a una solución o respuesta de los reclamos salariales de los sectores gremiales.

En ese lapso, la Dirección Provincial del Trabajo - mientras tenía vigencia el levantamiento de las medidas de fuerza acordado por la mesa de diálogo- resolvió citar a audiencia de conciliación obligatoria para el 15 de octubre. Comparecieron a dicha convocatoria las tres asociaciones sindicales, los consejos y colegios de abogados y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, sin que haya asistido ni participado ningún representante del Poder Ejecutivo, a pesar de que el propio interventor de la Dirección de Trabajo manifestó públicamente en la audiencia que había realizado la invitación pertinente, sin haber obtenido respuesta.

La situación descripta, por la no concurrencia del representante del Poder Ejecutivo, provocó que las tres agrupaciones sindicales solicitaran el fracaso de la conciliación obligatoria, lo que así se resolvió.

2) El Superior Tribunal de Justicia, en el acuerdo 3158 del 13 de octubre pasado, como resultado de lo convenido en la mesa de diálogo y discusión, así como en ejercicio de sus facultades colegislativas, resolvió aprobar el proyecto de ley por el que se propicia el aumento de los salarios de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial en un 30 por ciento a partir del 1º de octubre. Este proyecto fue ingresado el 19 de octubre a la Legislatura.

El 18 de octubre, la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados convocó al STJ a una reunión en la que se trató el presupuesto judicial del 2011 del Poder Judicial.

En esa ocasión, el presidente del STJ, Rolando Toledo, acompañado por el ministro Ricardo Franco, expuso la nueva propuesta de un presupuesto mínimo, que quedó en ser tratado oportunamente por dicha comisión, luego de que se recibiera, en una reunión futura, al Ministro de Economía de la provincia.

En el desarrollo de esta reunión en la comisión parlamentaria, los representantes de las tres asociaciones sindicales y de los consejos y colegios de abogados de la provincia, pidieron ser atendidos a fin de solicitar que los diputados intervinieran en el reclamo salarial que efectuaban las asociaciones gremiales, habiendo sido recibidos por separado por dicha Comisión.

3) El mismo 18 de octubre las asociaciones sindicales anunciaron medidas de fuerza para los días 21 y 22 de octubre. Conocido dicho anuncio, los colegios y consejos de abogados anunciaron públicamente su retiro de la mesa de diálogo en razón de que los paros afectaban sus derechos y los de sus representados y asistidos.

4) Con posterioridad, desde el Poder Ejecutivo se han efectuado manifestaciones que desconocen y desprecian la actividad y protagonismo asumido por el STJ como órgano máximo del Poder Judicial en el conflicto planteado por el reclamo salarial de los empleados, que continúa vigente.

También dichas declaraciones tienden a tratar de convencer a la ciudadanía de que el Superior Tribunal de Justicia puede, por sí mismo, sin intervención del Poder Ejecutivo ni del Legislativo, solucionar la problemática derivada del reclamo salarial.

Ello no es posible, habida cuenta de que existe una ley vigente que establece que todo aumento salarial debe ser aprobado por ley, con afectación de las respectivas partidas presupuestarias, lo que demuestra que sin la participación necesaria del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, dicho resultado no puede concretarse.

Las manifestaciones del Poder Ejecutivo, asimismo, ponen en tela de juicio la actuación del Superior Tribunal de Justicia como parte patronal de los empleados judiciales, tratando de desconocer y desmerecer el tratamiento respetuoso, continuo y permanente que ha tenido el Alto Cuerpo con todos sus recursos humanos.

5) Por otra parte, las declaraciones del Poder Ejecutivo traslucen la intención de impactar a la ciudadanía en el sentido de que el Poder Judicial está carente de conducción y de ejercicio de las atribuciones institucionales y políticas del Superior Tribunal de Justicia, cuando dicha manifestación, en realidad, es totalmente contraria a lo que demuestran los hechos, que son elocuentes en demostrar que el Superior Tribunal de Justicia ha ejercido y seguirá haciéndolo, en plenitud, sus facultades y atribuciones, tanto en materia presupuestaria como en el apoyo a los reclamos salariales de todos los integrantes de los recursos humanos del Poder judicial, incluyendo a magistrados, funcionarios y empleados, habida cuenta de que en la Provincia del Chaco, este sector público percibe menos de un tercio de la remuneración promedio de la Justicia Federal, y menos de la mitad – en la mejor comparación- de lo que en promedio perciben las justicias provinciales. Por consiguiente el reclamo es justo y legítimo hasta el punto de que nadie desconoce esta situación. Las remuneraciones del Poder Judicial no pueden ser comparadas con los de otros sectores que tienen distintas funciones, tareas e incompatibilidades, ya que el art. 29 inc 2) de la Constitución Provincial establece que: “A igual trabajo, corresponde igual remuneración”. Por lo tanto, a distintos trabajos, corresponde diferente remuneración.

6) También se dijo desde el Poder Ejecutivo que el Superior Tribunal de Justicia está politizado, calificación que pretende descalificar a los miembros del Alto Cuerpo, sin justificación alguna, como ya se ha hecho en anteriores ocasiones, con lo que se persigue seguramente tratar de disciplinar al Poder Judicial, situación que este Superior Tribunal de Justicia no está dispuesto a asumir ni aceptar, manteniendo la independencia constitucional del Poder Judicial.

No podemos soslayar las afirmaciones del Poder Ejecutivo que sostienen que el STJ está involucrado en la creación de las agrupaciones sindicales, ya que son totalmente falsas, dado que tanto el Superior Tribunal de Justicia como sus miembros han sido totalmente ajenos a la creación y organización de dichas entidades gremiales, que responden solamente a quienes las nuclean.

7) Consideramos que, como poder público, debemos exhortar a los demás poderes, a los sectores gremiales, a los magistrados, a los abogados y a los demás interesados en el funcionamiento de la justicia, a realizar urgentemente todas las actividades tendientes a tratar, a través del diálogo, de la discusión, de arribar a alguna solución que aunque no sea definitiva, por lo menos permita el mantenimiento de la prestación del efectivo servicio de justicia en toda la Provincia. Por ello hemos convocado a reuniones que se realizarán este viernes 5 de noviembre, según el siguiente cronograma: a las 9, con la Asociación de Magistrados y Entidad de Magistrados y Funcionarios de Justicia de Paz; a las 10, con las tres asociaciones de empleados judiciales; y a las 11.30, con los Consejos y Colegios de Abogados y Caja Forense.

En esos encuentros trataremos de convencer y de arbitrar las medidas más convenientes para dar una respuesta a la situación que se presenta en la actualidad, cuyos resultados pondremos oportunamente en conocimiento público.