En la sesión, los afectados realizaron duros cuestionamientos a los ediles, en especial a los del oficialismo, que defendieron lo hecho por la gestión de Darío Díaz Pérez sobre el tema mientras que los vecinos repudiaron varias de las declaraciones de sus representantes. Finalmente quedó aprobado un proyecto de resolución de la Comisión de Obras Públicas y otro de la de Gobierno.

En medio de fuertes y airados cuestionamientos por parte de vecinos, los concejales de Lanús se reunieron ayer para realizar una nueva sesión ordinaria donde aprobaron dos proyectos de resolución referidos a la situación de las antenas de telefonía celular y radiofrecuencia del distrito, y sobre la vigencia de una ordenanza sobre el tema aprobada en el 2009. Los vecinos presentes realizaron un escrache en la puerta del Concejo, pidieron la palabra para formular propuestas y repudiaron varias de las declaraciones de los ediles.

Ayer por la mañana se dieron cita alrededor de 10 personas en el Concejo para colocar carteles, llevar a cabo una "tarea de concientización" repartiendo volantes que advertían sobre las consecuencias para la salud de las antenas, y con la intención de participar de la sesión.

Luego de que se aprobaran varios convenios entre el Ejecutivo y varios organismos como el referido a la implementación de un plan sanitario en el marco del ACUMAR, se trataron dos expedientes sobre la problemática que afecta a numerosos vecinos de Lanús.

El primero fue presentado por la Comisión de Gobierno, Legislación y Reglamento, el cual establecía que se verifique el cumplimiento de la legislación vigente en relación a las antenas de telefonía celular y de radiofrecuencia instaladas en el distrito. El segundo, de la Comisión de Planificación Urbana, Obras y Servicios referida a la verificación del estado de conservación de antenas, soportes, equipos e instalaciones complementarios destinados a la transmisión de datos, comunicaciones, telefonía celular y radiofrecuencia reguladas por la ordenanza N° 10518.

Ambos, por pedido del oficialismo, fueron tratados a último momento y fueron aprobados por unanimidad pese a los duros cuestionamientos que recibieron por parte de los vecinos asentados en la barra.

Tanto oficialismo como oposición coincidieron en que pese a que acompañan el reclamo, la decisión de retirar las antenas le compete a la Justicia, que es quien autorizó a las empresas a seguir funcionando mediante una medida cautelar de no innovar. Los vecinos reclamaban que los ediles se comprometieran a actuar como intermediarios y que entre todos piensen soluciones a corto plazo porque según denunciaron “cientos de personas, entre ellos niños, están sufriendo diversos tipos de cáncer”, que atribuyen a esos sistemas.

“Este tema viene siendo tratado hace muchos años por los concejales, no es una preocupación nueva, pero la causa está en la Justicia, vamos a pedir una entrevista con el juez y nos comprometemos a acompañarlos”, afirmó el concejal Héctor Vélez del Frente para la Victoria.

Su compañero de banca, Alfredo Giorno defendió al gobierno local y aseguró que en los últimos años no se colocó ninguna antena más y se retiraron varias. Lo cual generó murmullos y criticas por los vecinos ubicados detrás de los concejales.

El momento más tenso se dio cuando los vecinos pidieron la palabra. Tras una moción pedida por el radical Carlos Folino, que reemplazó al titular del Cuerpo, José Luís Pallares, que no se hizo presente, Gustavo Vázquez, afectado por el funcionamiento de las antenas expresó: “Deja mucho que desear lo que están haciendo. Son contadas con los dedos de la mano la cantidad de antenas sacadas, mientras nosotros estamos acá discutiendo sobre leyes nuestros chicos se están muriendo”.

“Tienen que tomar decisiones más claras y no ampararse en cuestiones legales. Ustedes dicen que no le pueden poner freno a las empresas multinacionales pero no puede ser que el pueblo tenga menos poder que ellas, no queremos un chico muerto más”, exclamó visiblemente angustiado.

El ánimo de los vecinos variaba entre tenso y desesperado, mientras repudiaban cada una de las declaraciones de los ediles y se mostraban desilusionados ante la falta de respuesta.

Una de las mujeres presentes comenzó a hablar, y se quejó porque los ediles no giraban su silla para mirarla a la cara, hecho que despertó aún más su enojo. Cuestionó a todos los concejales pero en especial al titular del bloque oficialista, Héctor Montero a quién tildó de “mentiroso”.

Denunció que en la última comisión en la que trataron del tema el edil le dijo que “ya la iba a encontrar en la calle”, a lo que Montero contestó que juraba por sus hijos que esa acusación no era cierta.

Finalmente, fueron aprobados por todos los ediles presentes los dos expedientes y se comprometieron con los vecinos a recibirlos en la semana nuevamente en las comisiones y acompañarlos a una audiencia con la justicia.

En otro orden, se aprobó por mayoría la adhesión a un convenio de cooperación y asistencia entre el municipio y la fundación FIPCA (Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua) que fue rechazada por gran parte de la oposición. Según advirtió el representante de la Coalición Cívica Mariano Amore su negativa fue porque el acuerdo es con una empresa privada, su titular es un militante político y porque en el expediente la Secretaría de Finanzas no se expidió sobre los ingresos y egresos de dinero.

Los 22 concejales presentes también acompañaron la iniciativa para adherir al convenio sobre la entrega voluntaria de armas y otro con la Provincia de Buenos Aires para fijar pautas y coordinar acciones para materializar obras de infraestructura.