Al respecto, indicó que “en concordancia con la política energética que llevó a perder el autoabastecimiento de hidrocarburos, el gobierno nacional continúa protegiendo empresarios “amigos” que no cumplen con los compromisos de inversión” ya que “en dos de las aéreas en las que se le otorgó permiso de exploración a Oil M&S S.A. (Gran Bajo Oriental y Sierra España), se comprometieron inversiones de U$S 5.497.000 y U$S 2.538.600 para la primera y segunda área respectivamente” donde “prácticamente nada de lo comprometido fue llevado a cabo por la empresa Oil M& S.A., y a pesar de esto el Juez Arenillas con una decisión, al menos cuestionable y fuera de cualquier lógica de defensa de los recursos santacruceños, otorgó una prórroga de un año más, a la medida cautelar que la justicia de Santa Cruz le había concedido”, dijo el funcionario.

Inversiones

Según afirmaciones del Lic. Juan Antonio Ferreiro “de haberse llevado a cabo las inversiones, que han suspendido durante cinco años (los tres años legales del acuerdo más los dos de la cautelar y la prórroga respectivamente), esas áreas podrían hoy estar produciendo” agregando que “con esta conducta, Oil M&S S.A no sólo afecta a la Provincia y a la Nación, en lo que se acaba de detallar, sino que además crea un claro perjuicio en contra de la generación y mantenimiento del empleo en la actividad hidrocarburíferas, que actualmente genera trabajo para más de 20.000 trabajadores directos o indirectos en Santa Cruz”, indicó.

Es destacable recordar las palabras del Presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz que sostenía en mayo de 2013: “Resulta extraño que éste remedio procesal tan denostado por el Poder Ejecutivo Nacional le sea concedido a una empresa muy cercana al mismo”, el gobierno nacional ha expresado muchas veces su queja manifiesta respecto de las medidas cautelares contra el estado, propiciando además una reducción de la duración de las mismas y aquí en Santa Cruz sucede absolutamente lo contrario, como en este caso, donde se permite el amparo de la ley para un permisionario incumplidor que tanto daño hace a los santacruceños.

Medida

Al respecto, el gobernador Daniel Román Peralta, se refería en mayo de 2013 a la medida dictada por el Magistrado, sentenciando “Nos ponen plazos de un año para resolver las cosas, es una vergüenza, cuando eso significa pérdidas importantísimas para la todos los santacruceños”

Además, el Instituto de Energía de la Provincia de Santa Cruz llevó adelante sucesivas intimaciones, reclamando entre otros el pago de 2,5 millones de dólares, como consecuencia de la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos contractualmente al resultar adjudicataria de los permisos de exploración. De todas esas intimaciones la empresa siempre logró escabullirse con el visto bueno de la Justicia Provincial.

Para finalizar, cabe destacar que fuentes de la Provincia indicaron que se han seguido los pasos judiciales necesarios para llevar luz sobre tamaño incumplimiento, aún a sabiendas que todo lo actuado por el estado provincial será denostado por la justicia, ello a pesar de existir contundentes elementos que debieran haber determinado el rechazo de la demanda o al menos el rechazo de las cautelares.