Fuerte aval de la Legislatura al nuevo acuerdo por las tragamonedas

El dictamen de la comisión de seguimiento de políticas de juego tuvo respaldo de todos los partidos con representación en el Senado. Así lo dijo el titular del cuerpo, el senador Gustavo Valls, que agregó por Nihuil que “la provincia tendrá un incremento en sus arcas de $3 millones”.
El acuerdo renegociado entre el Instituto de Juegos y Casinos y la empresa Central Mendoza Entretenimiento para la extensión del servicio de las tragamonedas recibió un fuerte apoyo en la Legislatura, tras el dictamen que emitió la Comisión de seguimiento de políticas del juego, que contó con la adhesión de todos los partidos con representación en el Senado.

Este dictamen respaldó la disminución del canon que la Provincia le pagaba a la empresa de 47% a 43,85%, que el Estado contenga ahora la facultad para renovar el contrato y que se le quite a la concesionaria la posibilidad de explotar a la vez el bar y el guardarropa del casino central.

"En el contrato que hoy se está acordando se genera para la provincia un incremento a las arcas públicas superior a los 3 millones de pesos al año", dijo el senador Gustavo Valls, presidente de la comisión, a Radio Nihuil.

El legislador aclaró que a este número se llegaba producto de haber "disminuído el canon del 47 al 43,85%, lo cual implica un ahorro de 280 mil pesos por mes para la provincia".

"Ahora deberá usarse como variable para ajustar el contrato el tiempo de duracion y no el monto que la provincia paga, si algo le reclamábamos al contrato anterior era que no estaba en claro el modo en cómo se había llegado al monto de pago a la empresa", señaló Valls para agregar que el acuerdo actual "además de decir que es conveniente el monto que se cobrará nos da elementos para que justificar el precio que se está pagando es justo para ambas partes".

El legislador adelantó que la decisión del Ejecutivo va a ser homologada en la Corte Suprema de la provincia, lo cual permitirá cerrar el capítulo judicial de esta renegociación para así terminar con las causas judiciales y que tanto la provincia como la empresa "tengan allanada la convivencia en el contrato".

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