El artículo primero de la ley establece que "Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión".

Por el contrario a esta legislación nacional , Pastrana encuadró las acusaciones penales contra Romero por el delito de "peculado" como una información sumaria (artículos 185 y 186 del C.P.P.S.), algo similar a un sumario administrativo en el que el senador ni siquiera podía ser acusado como imputado y mucho menos citarlo a indagatoria.

Ante esta postura del juez Pastrana, en la que no sólo se le daba a Romero privilegios que no le correspondía sino que se tergiversaba una norma procesal provincial destinada a legisladores provinciales con un razonamiento inaudito, la fiscal apeló y ello motivo que el caso sea girado a la Cámara de Acusación a fin de que los jueces de esa superior instancia resuelvan el conflicto.

Trascendió que en los fundamentos, la fiscal insistió con la aplicación de la Ley Nacional 25.320 para Romero, mientras que la abogada Astudillo Rizzi, defensora del senador nacional, sostuvo lo contrario y defendió al juez Pastrana por los privilegios que le había asignado a su cliente, quien de esta manera evitó pisar la ciudad judicial.