A menos de 24 horas del inicio de una usurpación en el club Juan XXIII, de 27 de Febrero al 4200, las 20 familias que reclamaban viviendas se retiraron antes del mediodía de ayer por su propia voluntad, tras negociar con autoridades municipales y provinciales. Los vecinos pidieron terrenos y aseguraron estar dispuestos a pagar para levantar sus viviendas. Varios funcionarios de áreas sociales participaron del diálogo con los ocupantes del predio donde asisten más de un centenar de chicos y jóvenes a practicar deportes. La intendenta Mónica Fein reconoció en declaraciones radiales la problemática habitacional de la ciudad y señaló que pronto comenzará a funcionar aquí el programa provincial "Mi tierra, mi casa", además esta semana se firma un acuerdo con el gobierno nacional para avanzar con los créditos del Procrear. Aclaró que el municipio no permitirá la toma de terrenos, "menos en un club barrial y popular". Si bien la Justicia preveía un operativo con unos sesenta efectivos, no hizo falta dictar orden de desalojo.

"Hubo acuerdo", eran las palabras repetidas ayer a la tarde por funcionarios municipales, provinciales y judiciales que llegaron temprano a intentar liberar el predio, sin tener que llegar a un desalojo forzoso. La jueza Correccional Nº 10, Marcela Canavesio, que se hizo presente en el lugar, no llegó a dictar la orden de desalojo, aunque desde el juzgado se indicó que hubo algún intento de resistir la toma, y eso podía llevar a tomar otras medidas.

David Sánchez, titular de Control Urbano Municipal, relató que en principio había una resistencia y hasta hubo momentos de tensión. De hecho, Control Urbano dejó una guardia preventiva ayer, mientras se trabajaba en el predio en tapar algunos pozos.

Las negociaciones comenzaron cerca de las 9. Personal municipal y de Desarrollo Social provincial habló con los vecinos y relevaron las necesidades de los ocupantes.

Por su parte, Fein admitió que el déficit habitacional en la ciudad es un problema pero no se permitirá que se tomen terrenos por la fuerza, "mucho menos este club barrial y popular que desde hace años realiza trabajo comunitarios con los chicos de la zona y que permite la inserción social".

Al club Juan XXIII asisten unos 150 niños, adolescentes y jóvenes, de hasta 25 años, que practican fútbol. Las familias que reclaman terrenos para establecerse se habían asentado el lunes por la tarde, y comenzaron a dividir lotes. Anteanoche, la jueza ordenó un cordón policial para que no entraran más familias. Maximiliano Altolaguirre, presidente de la institución, presentó ayer la denuncia policial, y habló de cuestiones políticas que movilizaron la toma. Sánchez, en cambio, dijo que los ocupantes "son familias con necesidades". El club normaliza hoy sus actividades.