Tres personas fueron condenadas en la ciudad de Río Gallegos por tráfico de drogas con fines de comercialización. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz condenó ayer a los imputados, entre ellos a un empleado del Correo Argentino. La droga llegaba a través de encomiendas.  Dos de ellos fueron condenados a 6 años y una mujer a 4 de prisión efectiva. Todos quedaron implicados en la causa, luego de una investigación de varios meses que encabezó la División Narcocriminalidad de la Policía de la provincia en diciembre de 2012. El procedimiento fue denominado “Impacto final”. Se inició la investigación luego de detectarse una encomienda con unos 4 kilos de marihuana y unos 600 gramos de cocaína, sustancias que habían sido despachadas desde la provincia de Santa Fe. La entonces juez federal Ana Cecilia Alvarez había ordenado interceptar el paquete y luego proseguir la investigación, para conocer a quién o quiénes lo iban a recibir. En el juicio hubo cuatro imputados, pero la Fiscalía consideró que quedó acreditado que sólo tres infringieron la ley N° 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes. 

Penas por tráfico y venta La Fiscalía a cargo de Patricia Kloster solicitó las penas de 6 años de prisión efectiva para Luis Bernardo Saavedra, por “un rol activo” en el tráfico de estupefacientes con fines de comercialización.La misma pena para José Adrián Amarilla, este último empleado del Correo Argentino, por “partícipe secundario” en el tráfico de drogas, y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Aclaró que esta pena es por las sustancias prohibidas y la cantidad encontrada en el domicilio del imputado –calle Quiroga primera cuadra- las cuales estaban fraccionadas para su venta. Para la funcionaria había droga para cientos de dosis. Además, por trabajar en un organismo público, como el correo, por donde llegaban las encomiendas con droga. También la fiscal solicitó 4 años de prisión para la pareja de Saavedra, Nora Nélida del Carmen Machuca, como “partícipe necesario” del delito del tráfico de estupefacientes con fines de comercialización.Para Kloster quedaron “acreditados” los delitos de tráfico de drogas a través de la encomienda que despachó Saavedra desde Santa Fe, y que Amarilla “controlaba” el paquete y tenía interés en él, para participar de la comercialización. En los alegatos, la agente fiscal por falta de pruebas pidió la absolución del cuarto imputado, Jesús Iván Almada, tanto por droga como por amenazas calificadas con arma de fuego a agentes de la Policía, cuando llevaban a cabo el operativo, que terminó involucrándolos. La misma medida, pero por el hecho de intimidaciones, solicitó para Saavedra. Kloster dejó aclarado que este último acusado, conocido como “Sanjua” viajó a fines de noviembre de 2012 a Santa Fe, y con un DNI que aparentemente extravió una mujer en Río Gallegos envió junto a una desconocida que no fue identificada la encomienda con droga desde la localidad de Sauce Viajo. Ese mismo día envió otra encomienda pero con indumentaria y zapatillas desde Santo Tomé, aparentemente para despistar cualquier investigación al respecto para tener una “coartada”. También en las escuchas quedaron establecidos los giros de dinero de Machuca a Saavedra para poder cumplir con el despacho del paquete.  

Sospechado por su voz La defensa de Amarilla estuvo a cargo de Ana Pombo, quien aseguró en sus alegatos que su defendido era “objetivo” de otra investigación por parte de la Policía, y para que no cayera el procedimiento “Impacto final” lo incluyeron. Consideró que las acusaciones de la Fiscalía tenían “mucha imaginación” y que los investigadores lo involucraron en la causa sólo por sospechar de haber escuchado su voz en una escucha telefónica. Resaltó que esto nunca pudo ser probado de forma profesional. Que durante tres meses de investigación previa, Amarilla no había sido tenido en cuenta. Reiteró que fue “relacionado” con Saavedra y Machuca para que la pesquisa “no cayera”, y que no estaba a cargo de las encomiendas. También recordó al tribunal que las huellas de su cliente no fueron halladas en el paquete con droga. Que la juez –en aquel entonces Ana Cecilia Álvarez – se equivocó en ordenar el allanamiento de la vivienda de su defendido, cuando no estaba involucrado en el caso. Consideró por ello que no se debían validar las pruebas incautadas en ese domicilio. “Fueron de pesca a la casa de Amarilla y pescaron”, afirmó la defensora, criticando el proceder policial. Recordó que todo surgió por una denuncia anónima, y pidió que el procedimiento sea “invalidado”. Para Pombo, Amarilla cumplió con sus funciones en el Correo y no tuvo contacto con la encomienda. Pidió su absolución, pero a su vez tuvo en cuenta que si el tribunal se lo denegara, que sea tenido en cuenta el delito de tenencia simple con fines de consumo. Comentó que el joven acopiaba droga para el consumo personal, ya que tiene problemas de adicción desde los 15 años, y que la balanza que halló el personal de la División Narcocriminalidad era para “limitarse” el consumo de estupefacientes. Remarcó a su vez que no tenía necesidad de vender droga, ya que tiene un trabajo estable en el Correo. 

Antipatía policial Por su parte, Jorge Trevotich defendió a los tres restantes imputados, pero teniendo en cuenta que Almada no tenía cargo de la fiscal, basó sus fundamentos en la defensa de Saavedra y Machuca. A igual que Pombo, apuntó en cuestionar el accionar policial. Aseguró que la fiscal Kloster sólo hizo “conjeturas” en sus acusaciones, y que sus defendidos no tienen vinculación con el delito por el cual fueron llevados a juicio. Destacó que sus clientes eran consumidores de estupefacientes, pero que “no son traficantes” como se quiso remarcar desde la Policía, ni tampoco que se dedican “al menudeo” de la comercialización de estupefacientes. Expuso que durante la investigación se vieron ingresar varias personas al domicilio de los acusados –calle Ginastera 1500- porque al ser adictos, solicitaban “delivery” de estupefacientes. Calificó como “antipatía” o “animosidad” por parte de las fuerzas de seguridad con sus clientes, y señaló que en la inspección del domicilio, no se hallaron ni “rayadores”, ni balanzas, ni bolsas de nylon fraccionadas que pudieron suponer la comercialización de estupefacciones. Recordó que algunos gramos de cocaína fueron encontrados por la Policía, cuando los testigos se encontraban en la Comisaría Sexta. Apuntó que los investigadores no continuaron con la línea sobre quien despachó en Santa Fe la encomienda, que a su vez era la destinaria de la misma, una mujer de apellido Costanzo, que supuestamente se domiciliaba en el Barrio San Benito. Para el abogado tampoco se averiguó sobre esa propiedad. Para Trevotich sus clientes debían ser absueltos de culpa y cargo. El juez Mario Reynaldi le concedió a los imputados decir sus últimas palabras antes de la sentencia. Amarilla no lo hizo. En el caso de Saavedra, afirmó a viva voz que “nunca vendió droga” y que la causa “estuvo armado”. Si los jueces fallaban en su contra, le solicitó que sea alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 15 de Río Gallegos para cumplir la condena, ya que ahora se encontraba detenido en la Unidad Nº 6 de Rawson. También su esposa pidió por su inocencia. Los jueces fueron a deliberar, y en menos de una hora, acordaron la sentencia, conforme a lo solicitado por la agente fiscal. Tanto Amarilla como Machuca esperarán en libertad que el fallo quede firme. La defensa apelará la sentencia.