Los querellantes Gustavo Palmieri y Ricardo Mendaña apuntarán a que los jueces acepten su recurso de casación por el que pretenden autonomía para acusar que utilizarían para apuntar al ex gobernador Jorge Sobisch, quien en varias declaraciones posteriores a la represión de Arroyito del 4 de abril de 2007 asumió la responsabilidad.

Los defensores Gustavo Lucero y Ricardo Cancela intentarán convalidar el dictamen del fiscal Alfredo Velasco Copello por el cual se solicitó el cierre de la etapa de instrucción y el sobreseimiento de 14 de los 15 policías imputados.

En esta audiencia citada por la Sala Penal conformada en esta instancia por los vocales del TSJ Guillermo Labate, Oscar Massei y Ricardo Kohon, los querellantes, los defensores y el fiscal tendrán la oportunidad de exponer y ampliar sus recursos ya presentados, tanto como refutar el de los contarios.

La audiencia está citada a las 10 en el auditorio del TSJ y a la viuda de Carlos Fuentealba, Sandra Rodríguez, la acompañarán representantes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de Neuquén y de Buenos Aires como el CELS y Madres de Plaza de Mayo línea fundadora.

“Buscaremos que a la querella se le reconozca autonomía para plantear su teoría del caso y procurar que la investigación abarque todos los aspectos que se creen pertinentes. No creemos que se puede agotar la investigación en el autor material, ni en algunas personas que estuvieron en el lugar de los hechos, sino que también hay que investigar aquellos que dieron la orden de ese operativo porque entendemos que la muerte de Fuentealba no se produjo por una decisión aislada de un oficial”, aseveró Mendaña.

El querellante remarcó que el ex oficial Darío Poblete integraba un cuadro especial de la Policía y que estos cuadros no actúan de manera autónoma, sino que reciben órdenes. “Creemos que estas órdenes existieron y queremos que se haga una investigación a fondo ya que las víctimas y la sociedad neuquina tienen derecho a conocer la verdad, verdad en donde está involucrado el Estado”.

Lucero dijo que trabajará "todo lo que tiene que ver con la improcedencia de la pretensión del querellante respecto de llevar adelante una investigación autónoma. Como ellos no encuentran eco en el Ministerio Público fiscal en vez de aceptar que hay una opinión de funcionarios públicos quieren desconocer las reglas de juego que impone el ordenamiento procesal penal neuquino". Dijo que la causa Fuentealba II "tiene una connotación política e ideológica".