La contaminación ambiental generada por empresas tucumanas en la zona delimitada por los ríos tributarios de la Cuenca Salí-Dulce, no sólo está ocasionando una degradación ecológica que afecta principalmente a Santiago del Estero, sino que comienza a socavar las relaciones institucionales entre ambos estados provinciales, dada la tensión en las manifestaciones que promueven funcionarios de uno y otro distrito.

Primero fueron las temerarias amenazas emitidas por el intendente de Termas de Río Hondo, Miguel Múkdise, quien sostuvo que se ha tornado una exigencia de los vecinos de dicha localidad turística la necesidad de impedir el paso de camiones con producción tucumana al considerar que no hay voluntad en Tucumán para menguar la contaminación en el Embalse. Por su parte, ayer, el gobernador interino de la provincia, Regino Amado, salió a contestarle al jefe municipal y puso en duda su representatividad para mediar en este conflicto.

Al respecto, Amado indicó, en las habituales ruedas de prensa matutinas, que "el diálogo está abierto pero no es el modo de reclamar, de pedir, lo que por ahí puede ser justo. El Comité de Cuenca es la que trabaja en el tema, más allá de la cuestión mediática, hay que apuntar a lo que se está avanzando en el tema y lo que queda por hacer, que seguramente lo vamos a conseguir en el mediano plazo", en clara referencia al órgano que debe inmiscuirse en el tópico en cuestión que tienda a delinear soluciones al respecto.

Palabras más, palabras menos

Pero, sus comentarios no quedaron allí, sino que apuntó directamente a la figura de Múkdise y las facultades que posee para intervenir en la problemática suscitada. "El intendente de Las Termas no es la persona que está representando a la provincia, el Comité de Cuenca es el que está trabajando con las falencias que puede haber, pero esa es la única salida", alegó.

Acto seguido, centró sus palabras en el accionar que pretende instaurar la comunidad termense a través del corte de ruta que tiene programado efectivizar. Así, el también presidente subrrogante de la Legislatura, disparó sus dardos contra la propia gestión del titular del Ejecutivo Municipal de Termas. "Ojalá que esto no ocurra (por el corte), el Intendente no ha tenido la misma posición cuando le cortaban la ruta a él en el momento que despedían gente en su municipio, o también por la colocación de cloacas que no se hacían y que ahora están en obras", pegó Amado.

Cabe recordar que fue el propio Múkdise quien se quejó de los empresarios tucumanos (propietarios de ingenios, citrícolas y papeleras) quienes “no se están abocando al caso de la contaminación con la responsabilidad que merece” y por tal motivo los acusó de "delincuentes" y sostuvo que la comunidad termense "está cansada de tantas mentiras al prometer que tomarán medidas desde Tucumán".

En línea con este nivel de disputa, Múkdise añadió que "no dan soluciones, hacen oído sordo, desde Tucumán piden paciencia ¿hasta cuándo? Hay gente que viene y me dice que quiere hacer piquetes para impedir el tránsito de los camiones que llevan azúcar para que tengamos una respuesta. La gente de Las Termas siente que se está cometiendo una injusticia, están provocando un daño terrible que no se imaginan".

A su vez, en declaraciones publicadas por el diario El Liberal de la vecina provincia, el jefe comunal remarcó que "desde el Gobierno de Tucumán y los empresarios piden paciencia ¿pero cuál es la propuesta? ¿En un año dejarán de contaminar? ¿En dos? ¿En tres? ¿Quién tomará cartas en el asunto y con propuestas serias nos garantizarán que no contaminarán nuestro embalse? Existe mucho malestar en la comunidad y seguimos igual o peor".

“Prisión a los delincuentes”

Por su parte, Amado recordó que, en aras de brindar mayores garantías que se encuentren orientadas a disminuir las consecuencias negativas producto de los procesos industriales de las fábricas comarcanas, este sábado arribará a la provincia el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi para concretar la firma de cinco convenios en el marco del Programa de Reconversión Industrial (PRI), mediante el cual se le facilita a las empresas créditos a tasa cero para que efectúen las mejoras necesarias en sus plantas y así evitar una mayor contaminación.

"Hay una parte logística que se está trabajando en conjunto. Hace un tiempo que se viene trabajando en este tema y los resultados se conseguirán a mediano plazo. Se perjudican ellos también cortando la ruta. Eso entorpece el diálogo. El intendente no es la persona que está representando a los santiagueños, para eso están los especialistas. Hay que aunar las partes y solucionar este problema", concluyó de forma redundante el titular del Ejecutivo tucumano, ante la ausencia por unas mini vacaciones del gobernador José Alperovich.

Así también fue de igual reiterativa la queja elevada por Múkdise quien argumenta que "hasta el momento estamos esperando un gesto de la Justicia ante evidencias claras de contaminación en nuestro embalse. Peces muertos, olor a podrido, agua sin oxígeno ¿acaso la contaminación viene sola? Acá existen responsables y están cometiendo un delito, los responsables deben ir presos", apuntó.

Otro de los frentes de conflicto y desavenencias entre el funcionariado de ambas provincias lo protagonizan, por un lado, el Defensor del Pueblo santiagueño, Martín Díaz Achaval y el secretario de Medio Ambiente tucumano, Alfredo Montalván. Justamente, este último enfrenta una imputación en su contra iniciada por el fiscal federal de Santiago, Pedro Simón, quien insistirá con su pedido ante el juez federal de instrucción, Guillermo Daniel Molinari, con el fin de que llame a indagatoria e impute por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público a Montalván.

La demanda en cuestión se sustenta ante la falta de controles como así también la aplicación de normativas ambientales, lo cual se agrava si se tiene en cuenta que Montalván, a su vez, ejerce la titularidad del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). "Como autoridad pertinente, omitió el control de la normativa ambiental nacional y de la Provincia de Tucumán que posibilitó la comisión de los delitos de contaminación ambiental", reza el expediente judicial en manos de Molinari.

Jurisdicción bajo la lupa

En tanto, Díaz Achaval hizo la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de una ampliación de pruebas e informes sobre el accionar de cerca de 15 ingenios tucumanos para que el Tribunal Supremo tome conocimiento de quiénes son los verdaderos propietarios de cada una de las industrias involucradas, como así también modificaciones en sus domicilios o bien la respectiva razón social.

Cabe recalcar que hace exactamente un año, la Defensoría del Pueblo santiagueña presentó ante la Corte este recurso de amparo para lograr un pronunciamiento definitivo ante el panorama producto de la contaminación y desequilibrio ecológico en la Cuenca, lo que podría derivar en la pérdida jurisdiccional de Tucumán para con sus propios cursos hidrológicos.

Díaz Achaval sostuvo que la Corte tiene entre sus manos "una bomba de tiempo y que los únicos que tienen la clave para desactivarla son los tucumanos. (Montalván) tiene a su cargo y responsabilidad el uso de agua, y obviamente es una situación muy grave la que se puede generar (con el amparo) y que no es deseada. Pero es mejor tener una jurisdicción compartida sobre un río vivo, y no una jurisdicción total sobre un río muerto", graficó el ombusdman.