Cuando Jorge Guillermo Figueredo fue encontrado, el 27 de junio del 2013, sobre avenida Libertad, en cercanías del complejo deportivo del sindicato de Luz y Fuerza, todavía estaba con vida. Tenía múltiples fracturas en el cráneo, traumatismos en todo el cuerpo, quemaduras de extrema gravedad a la altura del abdomen y algunas uñas arrancadas. A los pocos días murió en el Hospital Interzonal “Abraham Piñeyro”.

En abril pasado, el fiscal José Alvite Galante llegó a un acuerdo con los tres imputados y los llevó a un juicio abreviado.

A pesar de haberle prometido durante dos años a la familia de la víctima que se llegaría a un juicio oral y que se mantendría la carátula de “homicidio agravado por ensañamiento y hurto agravado calamitoso”, el responsable del Fuero de Responsabilidad Juvenil Nº 1 (quedó al frente de la causa al estar involucrado un chico de 16 años), llegó a un acuerdo con los imputados, bajó la calificación del hecho y los llevó a un juicio abreviado.

Para el fiscal no se pudo comprobar durante la IPP que a Figueredo lo hayan torturado antes de matarlo. El expediente es claro: “no surgen acreditado fehacientemente que los coautores realizaran las acciones lesivas descriptas oportunamente con el ánimo de aumentar deliberadamente e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, previo a la causación de su muerte... (que) no se puede determinar científicamente si la fractura de cráneo que produjo la el coma de la víctima fue anterior o posterior a las restantes lesiones inferidas a la víctima en el resto del cuerpo”.

Todo esto dos años después del hecho y con el informe pericial de la doctora Mirta Mollo, a quien se la consultó sobre si la víctima sufrió, y si las quemaduras y las uñas arrancadas fueron anteriores a la muerte.

Mollo dijo en su informe que solo el trauma cráneo encefálico bastaba para causar la muerte de Figueredo, por lo que el resto de las lesiones (quebradura de antebrazo, quemaduras de tipo B -con profundidad y ampollas-), las cuales se interpretan como que la persona se hallaba con vida”, se señala. Las lesiones cortantes, el desprendimiento de las uñas, “eran innecesarios, y en forma verosímil produjeron en la persona un sufrimiento desmedido”.

Además, señala que tanto las quemaduras, en la zona abdominal, como el desprendimiento de las uñas de dos de sus dedos, fueron realizadas cuando la víctima aún estaba con vida. Eso sumado a que Figueredo no murió ese 27 de junio, sino dos días después en el HIGA.

“El fiscal nos dijo que no 

podía comprobar que a mí 

hermano lo habían torturado”

Fátima Figueredo es la hermana de la víctima. Ella, junto a otros familiares, se mantuvo al tanto de lo que pasaba en la causa desde el momento del hecho, cuando encontraron a Jorge en gravísimo estado en la calle.

“Mi hermano había tenido una relación con esta mujer, Yanina Paola Pérez (35). Y ese día ella le mandó un mensaje a un amigo para que Jorge la vaya a ver, porque quería recomponer la relación. Le tendieron una cama para matarlo”, dijo la mujer.

Ese día era el cumpleaños de la pareja de Pérez, padre de sus cinco hijos, quien se fue de la casa por la relación conflictiva que llevaban. La mujer era alcohólica, también consumía drogas y era extremadamente violenta, según las declaraciones de allegados.

Junto a ella estaban dos de sus hijos al momento del hecho, Leonardo Sánchez (19) y Santiago Sánchez (16). En la casa, ubicada en Ricardo Rojas, entre República Libanesa y Tucumán, había varias cajas de vino vacías, y en el fondo de los vasos una sustancia blancuzca, posiblemente restos de pastillas que habían sido diluidas en la bebida.

Si bien no hay certezas de cómo comenzó la agresión contra Figueredo, si se sabe que la golpiza fue brutal, que lo intentaron prender fuego y que posiblemente las lesiones en las uñas sean de autodefensa.

Además, los autores se llevaron la moto de la víctima y la quemaron parcialmente en inmediaciones de la laguna “El Carpincho”.

En el juicio abreviado la mujer recibió 13 años de prisión por el delito de “homicidio simple agravado por la intervención de un menor” y a su hijo Leonardo a la pena de 11 años y cuatro meses por el delito de “homicidio simple agravado por la intervención de un menor y hurto calamitoso en concurso real”.

El menor, que ya está por llegar a la mayoría de edad, se encuentra con el beneficio del arresto domiciliario.

“El fiscal no nos dijo nada del juicio abreviado, y que no lo hizo porque no tenía por qué hacerlo, y que no nos habíamos presentado como particulares damnificados”, dijo al mujer.

“Les sirvió el juicio abreviado en bandeja de plata, para no pelear en un juicio oral. La mayoría de los casos que tiene los resuelve así”, señaló y agregó: “o es muy cagón para ir a un juicio oral o no sabe interpretar la ley”.