La iniciativa promovía modificaciones en la ordenanza de declaraciones juradas de los funcionarios municipales –entre ellos los propios concejales- fijando que “toda persona podrá consultar y obtener copia de las declaraciones juradas presentadas con la debida intervención del Tribunal de Contralor previa presentación de una solicitud escrita” con datos personales y motivos de la petición. La información entregada haría resguardo de cuentas bancarios y otros datos sensibles.

Sin embargo el proyecto fue severamente resistido por la mayoría de los concejales a excepción del autor del proyecto Daniel Pardo (PPR) y los concejales del Frente Grande, Alfredo Martín y Silvia Paz, el resto aún aquellos que habían dictaminado favorablemente como Darío Rodríguez Duch (ARI) y Francisco De Césare (PS), rechazaron la iniciativa.

El arduo debate tuvo apreciaciones que tildaban la propuesta de “demagógica” y hasta la concejal de SUR, Arabela Carreras dijo que si se sospechaba de su patrimonio se podía acudir a la Justicia pero no haría pública información particular por una cuestión de “seguridad” y denunció que padece de “escuchas telefónicas ilegales”.

Pardo defendió el proyecto en el marco de otorgar mayor “transparencia” a la gestión pública y en consonancia en la normativa vigente que permite el libre acceso a la información.

“Se entendió que se quería indagar en la intimidad de los funcionarios públicos, no era así bajo ningún punto de vista, esto va en consonancia con otros municipios que publican en sus páginas oficiales y es una tendencia en pos de transparentar y mejorar el vínculo entre el funcionario o la cosa pública y el vecino”, afirmó el concejal.

A nivel provincial existe la posibilidad que de manera voluntaria los funcionarios publiquen en el boletín oficial sus declaraciones juradas y hasta el momento sólo el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Luis Lutz, realiza cada año esa publicación.