Para acceder al beneficio se deberá acreditar una ocupación superior a los ocho años y estar empadronados antes del final de este año. Se trata de una ley que unificó los proyectos presentados por los diputados Sonia Mello, Héctor Bárbaro y Lilia Marchesini.

En la norma aprobada se entiende como inmueble destinado a vivienda única y familiar el urbano de uso permanente que constituya domicilio real del grupo familiar; mientras que se considera inmueble destinado a vivienda y producción agropecuaria única y familiar al rural de uso permanente que constituya el domicilio real del grupo familiar.

Para este fin se creará un padrón provincial de beneficiarios que contendrá los datos de las personas comprendidas por el beneficio.

También se declaran inembargables e inejecutables hasta el 31 de diciembre de 2014, por deudas anteriores al 1 de julio de 2012, los bienes muebles e inmuebles de asociaciones civiles sin fines de lucro con propósitos deportivos y recreativos.

Para este propósito, las entidades deberán acreditar personería jurídica, diez años de antigüedad y suscripción de convenios con municipios o con el Consejo Provincial de Deporte y Recreación para el uso gratuito de sus instalaciones.

Para Mello “la legislación y normativa de un país, región o provincia, debe conceder a los grupos de población en situación de desventaja o bajo poder adquisitivo posibilidades de una vivienda digna; por ello, las políticas de Estado deben contemplar políticas de viviendas protegidas”.

Bárbaro considera que “con esta medida, se pretende brindar la cobertura mínima desde el Estado, para que las familias rurales implicadas –que muchas veces desconocen los trámites que deben realizar para legalizar la tenencia de sus tierras– puedan acceder a mejores condiciones de negociación ante los poderes públicos que actúan en los procesos de desalojo, y asimismo ante los intereses privados que actúan como demandantes”.

“Atendiendo la circunstancia especial de los deudores afectados por ejecuciones de sentencias que conllevan la posibilidad cierta de desalojo, y buscando la concreción de respuestas definitivas que atiendan los intereses de deudores como acreedores, estimamos necesaria la presente respuesta a estos casos, para no llevar los mismos al incremento del déficit habitacional sumiendo a los afectados en un drama familiar”, manifestó Marchesini.

Investigar a Alto Paraná

En la misma sesión se aprobó un pedido para que el Poder Ejecutivo a través del ministerio de Ecología realice un estudio socio-ambiental a la Empresa Alto Paraná, denunciada por contaminación.

Asimismo, se pidió que el Instituto de Estadística y Censos y el Ministerio de Desarrollo Social informen sobre aspectos relacionados a la canasta familiar e índices de precios al consumidor.