La intendenta Canut expresó que la ciudad debe recibir el servicio “en cantidad y calidad”. Una deuda y los juicios laborales hicieron mella en el funcionamiento de la cooperativa.
Llegaron los días de calor intenso y los pobladores de Fray Luis Beltrán temen por su peor pesadilla: quedarse sin agua potable. El suministro, a cargo de la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios (Coaposer), se interrumpió el domingo pasado a raíz de la rotura de una bomba extractora, lo cual determinó al Ejecutivo municipal a "trabajar en decisiones concretas y no esperar a que las cosas ocurran", consignó la intendenta Liliana Canut, quien garantizó que lo urgente está resuelto, mientras se comienza a trabajar en subsanar lo prioritario. En tanto, insistió en su proyecto planteado a principio de año, al inicio de su gestión, de estatizar el servicio.
"Padecemos el tema del agua desde hace muchos años. Y es tiempo de ponerle punto final a la situación. Respetamos a la comisión de la Coaposer. Pero no podemos esperar que surja otro problema y que la ciudad vuelva a quedarse sin agua", aseveró la mandataria. Detalló que "a partir de los inconvenientes del domingo pasado en la planta potabilizadora conseguimos una bomba sumergible prestada por el Ministerio de Aguas que ya se puso en funcionamiento. El lunes vinieron dos cubas y este martes llegaron tres más, mientras que las municipales cumplen el servicio de llevarle agua a los comedores, a las escuelas y al centro de salud".
Ósmosis. "Conseguimos un equipo de bombeo de ósmosis inversa que funcionará próximamente en el corralón municipal y también aprovechamos un pozo en el Polideportivo, para que los regadores puedan abastecerse y no utilicen el agua corriente. Eso contribuirá para que haya un mayor caudal en los barrios Granaderos, El Ombú y Sargento Cabral", precisó Canut. El municipio "se está haciendo cargo de la reparación de la bomba que se rompió el domingo en la planta y haremos lo imposible para tener una más, de respuesto, para quedarnos tranquilos".
En diálogo con La Capital, Canut aseguró por otra parte que "el gobierno provincial enviará fondos para hacer los arreglos prioritarios", y comentó que viajará a Santa Fe para hacer más gestiones y dinamizar los trámites, que había iniciado incluso desde antes de asumir la Intendencia. Además, "estamos en contacto con empresas para la compra de material y arreglos de los que también nos ocuparemos", anunció.
A favor. La jefa municipal se manifestó "a favor del cooperativismo, pero en este caso es necesario que el municipio tome las riendas porque la cooperativa está fundida. Yo tengo que asegurar el agua en cantidad y calidad, por la salud de la población", afirmó. En ese sentido, insistió en su interés de que el Concejo apruebe el proyecto de ordenanza que el Ejecutivo presentó en enero pasado, para la estatización EM_DASHa través de la creación de un ente autárquicoEM_DASH del servicio, revocando la concesión otorgada a la cooperativa en 1989 y por el plazo de 30 años.
Es que "el problema del suministro no es de ahora: la Coaposer arrastra una gran deuda por reclamos de proveedores y juicios laborales, la cual asciende a 8,5 millones de pesos. A la planta potabilizadora y a la red no se le hicieron los trabajos de mantenimiento que correspondían, entonces es muy complejo mantenerla, cubrir los sueldos de los empleados y pagar insumos. La nueva comisión heredó una situación muy difícil y se le hace casi imposible sostener la cooperativa sin recursos. Está fundida", resumió Canut.
"Nos reunimos con las autoridades y con concejales para mancomunar acciones y así pasar los meses de verano", destacó la funcionaria.
Licencia para víctimas de violencia de género
Las empleadas de la Municipalidad de Santa Fe tendrán derecho a pedir una licencia especial cuando resulten víctimas de violencia de género. Así lo resolvió el Concejo Municipal al dictar por unanimidad este jueves último una ordenanza que establece un período de seis meses con goce de haberes y sin pérdida de presentismo al que podrán acogerse las víctimas a fin de afrontar la situación.
No será un trámite automático sino que deberá estar avalado fundamentalmente en el caso en que se requiera una prórroga a los seis meses, la que sólo será evaluada luego de presentado un dictamen de junta médica. La norma prevé la justificación de inasistencia cuando la víctima de violencia de género deba ausentarse de su trabajo para la realización de las denuncias ante las autoridades pertinentes y se otorgará la licencia especial cuando su salud se vea comprometida o le impida prestar servicios normalmente.
En todos estos casos esas ausencias no serán sumados a las licencias estipuladas por enfermedad. La propuesta fue impulsada por la concejala, Adriana Molina, (FPCyS-UCR) y comprende a todas las agentes comprendidas dentro del estatuto municipal como también del estatuto docente que "sean víctimas de manera directa o indirecta de una relación desigual de poder, y que la misma afecte su vida, libertad, integridad y dignidad física, psicológica o sexual".
Molina señaló que "entendemos que es un avance realmente importante en lo que son los derechos de las mujeres. Este Concejo, con sus distintas conformaciones, siempre estuvo a la vanguardia en relación a derechos humanos de las mujeres y también en relación al tema de la violencia contra las mujeres ya sea conmemorando las fechas o teniendo acciones concretas" y ratificó que "estamos haciendo historia, somos la primera ciudad de Argentina que toma, de este modo general, esta clase de licencias especiales para todos sus empleados municipales. Probablemente a partir de ahora, podamos hacer que en otras ciudades se comience a implementar". A partir de este tipo de acciones y de movimientos de mujeres, se pueden llegar a estas cosas. No es un tema menor, pero el ponerlo a la luz, permitió generar un conjunto de normativas que hoy dan un marco que le permite a la mujer sentirse protegida".
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