Durante las operaciones cuestionadas, sostuvo, se utilizaron tarjetas que figuraban como no entregadas a sus titulares, cosa que no se había planteado en la imputación inicial. Algunos casos son sorprendentes: una operación fue realizada por terceros el mismo día que la presunta titular había muerto; otra, usando el nombre de una mujer que había fallecido un año antes.

El pedido de ampliación es la culminación de una investigación que Corregido llevó a cabo dentro de la propia causa a partir de una hipótesis sospechosa que había surgido de la declaración del testigo durante la instrucción inicial. Se abría así una nueva línea pasible de ser profundizada: el uso de tarjetas que ni siquiera habían sido entregadas a los beneficiarios, hasta el punto de que algunos ni las habían solicitado (el caso de la mujer fallecida un año antes es elocuente).

El fiscal pidió informes de transacciones al Nuevo Banco del Chaco y obtuvo los primeros datos: en los últimos once días de enero de 2009 se habían hecho 1107 compras en el comercio “El Cohete” de Resistencia. Lo llamativo era que todas eran por montos de $ 120 y $ 180 y estaban separadas entre sí por escasos segundos. Además, de esos 1107 beneficiarios, 300 también habían hecho compras con tarjetas alimentarias en el comercio “FIDAR” de Barranqueras, pero en abril de 2009.

Entonces tomaron casos al azar (38 de esos 300 que figuraban como titulares de las tarjetas) y los citaron a declarar. Los resultados fueron sorprendentes: tres supuestas beneficiarias habían fallecido con anterioridad a las transacciones. Para poder justificar semejante contradicción, una de ellas tendría que haber estado al mismo tiempo comprando mercaderías en el local de Barranqueras, y en su propio velorio en Colonia Elisa.

La mayoría de las personas que supuestamente eran beneficiarias de las tarjetas declararon que no habían recibido los plásticos, y en algunos casos ni siquiera lo habían pedido. Además ninguno había hecho compras en los comercios registrados según el informe bancario. Otros testigos, cuyos domicilios figuran en la localidad de Basail, ni se presentaron a declarar porque de hecho residen en la provincia de Santa Fe.

Para el fiscal estos elementos ameritan el fraude en perjuicio de una administración pública por parte de los comerciantes, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público en el caso de Aldo Leiva.

Señala Corregido que la imputación a Miguel Ángel Colman se sustenta en la responsabilidad penal que le cabe porque, en resumidas cuentas, era el responsable de la implementación y ejecución del procedimiento de entrega de tarjetas. En el equipo de gente organizado por Colman, tal como lo refiere la causa, Adrián Ayala se encargaba de trasladar las tarjetas desde el ministerio de Desarrollo Social de la provincia hacia el Domo del Centenario, y viceversa, así como de coordinar el trabajo del personal en las mesas de entrega, por lo que también está imputado.

En esos traslados en camioneta, según una testigo, había faltantes de cajas de tarjetas, las cajas venían abiertas o volvían los troqueles en vez de quedar en el ministerio para controlar las entregas. Cuando se lo informaban a Colman y a Adrián Ayala “ellos no decían nada…”. Según el testimonio del chofer de Colman, algunas cajas eran “resguardadas” en una casa particular: la de Ayala. Además, por las dudas, bajaban también “las computadoras correspondientes a Desarrollo…”.

En cuanto a los comerciantes, el fiscal asegura que “conocían el origen de los fondos así como el carácter del consumo que se realizaba por parte de personas `distintas a los titulares´”, que no verificaban. Así pues, se demuestra el ardid para la defraudación y queda acreditado el dolo.

Finalmente, la conducta del entonces ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la provincia, Aldo Leiva, es tipificada por Corregido como “incumplimiento de deberes de funcionario público”, ya que “era el responsable funcional de velar por el efectivo cumplimiento de la ley en sentido amplio”.

Si, por lo demás, en algún punto Leiva actuó por omisión, el fiscal advierte que también ese temperamento se encuadra en el mismo delito. La referencia no es menor, ya que como resultado de la auditoría interna que se llevó a cabo en la cartera social, se concluyó que una vez firmado el convenio para la administración del sistema de tarjetas magnéticas, ni siquiera se había creado un área para eso, no se había definido quién administraba, quién cargaba datos, reclamos, entregas, rendiciones… La auditora informó que ni siquiera había computadoras con bases de datos para definir el perfil de los beneficiarios.

Todo esto, termina Corregido, es responsabilidad del ex ministro Leiva.

Aunque todavía están tratando de saber quién es el propietario y/o titular responsable del comercio “FIDAR”, el pedido al Juez Federal es claro: que se cite a prestar declaración indagatoria a los imputados.