El actual defensor del Pueblo y exfiscal federal de Resistencia, recordó que desde la fecha del procesamiento han transcurrido dos años pero el procesamiento no fue elevado a la Cámara Federal de Apelaciones a efectos que resuelva las apelaciones planteadas.

En octubre del 2009, la Justicia Federal de Resistencia, a cargo del exfiscal federal subrogante, Gustavo Corregido, procesó a los intendentes Lorenzo Heffner, de Villa Río Bermejito; Oreste Paoletti, de Los Frentones y Alfredo Zamora, de Quitilipi, junto a otras 21 personas, entre gestores y empresarios, por fraude a la Afip y la Anses, por el pago de asignaciones familiares truchas denunciadas por ambos organismos nacionales.

El procesamiento dictado por Corregido involucró a Heffner y a Paoletti por la explotación de un aserradero de maderas; y a Zamora por su rol de contador de varios empresarios de la zona de Quitilipi.

Tras este dictamen, el conjuez federal, doctor Frencia-ante la ausencia de Carlos Skidelsky-, procedió a librar el procesamiento contra los tres jefes comunales peronistas, junto a otras 21 personas entre gestores y empresarios de varios puntos del Chaco, tras constatar mediante investigación previa, la existencia del delito de fraude contra la Anses por el pago indebido de asignaciones familiares, y dispuso un embargo de 19 mil pesos a cada uno, sin prisión preventiva. Sin embargo, posteriormente los imputados plantearon la apelación al auto de procesamiento, pero como el resto de los procesados no fueron notificados del procesamiento, eventualmente el Juzgado Federal envía exhortos a los Juzgados de Paz de la zona de Juan José Castelli, a efectos de notificarlos del procesamiento. No obstante, Corregido lamentó que el resultado es que “nunca son notificados”.

“Como consecuencia de esta práctica judicial el procesamiento no está siendo elevado a la Cámara Federal de Apelaciones a efectos que resuelva las apelaciones planteadas”, explicó y añadió que “desde la fecha del procesamiento, han transcurrido dos años en esta práctica judicial absurda, que priva a los procesados que la Cámara Federal de Apelaciones se pronuncie sus responsabilidades en el fraude a la administración pública, en este caso el Estado nacional: la Anses”.

¿Camino a la prescripción?

“La semana pasada enviaron los últimos exhortos, pero todo indica que esto va camino a la prescripción”, advirtió el exfiscal federal de Resistencia. Y se preguntó en este orden si ¿será que la estrategia de la defensa y del juzgado es dilatar los tiempos y obtener un sobreseimiento por prescripción, es decir, por el simple transcurso del tiempo y no porque sean inocentes?

La investigación

De acuerdo a las primeras pruebas, el perjuicio al Estado superaba por ese entonces los 3 millones de pesos. El procesamiento contra todos los imputados es por falsedad ideológica o falsificación de documentación presentada a la Anses y fraude a la administración pública.

La investigación comenzó en 2004. La operatoria fraudulenta se realizaba de la siguiente manera: las asignaciones eran pagadas por los empleadores, quienes recibían luego los reintegros por parte del Estado. Para frenar esto, poco después el sistema se cambió, y hoy las asignaciones se depositan directamente en las cuentas de los trabajadores del sector privado. No obstante, entre mayo y julio de 2004 la Anses hizo un amplio operativo de verificación en el interior del Chaco, registrando que innumerables emprendimientos privados por los que se pagaban asignaciones familiares en realidad no existían más que en los papeles.

Hoy dicha causa se suma al escándalo en Sáenz Peña por el hallazgo de una nueva estafa a la Anses que se estima sería de 45 millones de pesos, a raíz de trámites hechos por gestores de la delegación del organismo previsional saenzpeñense.