"Fracaso contundente en seguridad"

La defensora del pueblo cuestionó al gobierno de Miguel Saiz. "Carece de un plan contra el delito", afirmó
La defensora del pueblo, Ana Piccinini, recibió un petitorio que plantea la existencia de falta de seguridad en la provincia, que entre otras cosas pide protección para ciudadanos y policías honestos, ya que –según expresan- se encuentran totalmente desprotegidos. Y aseguró coincidir con el planteo.

Recordó que en sus informes anuales ha planteado esa situación al afirmar que “el fracaso del Gobierno en materia de seguridad, es contundente. Según nuestros seguimientos, trabajos de campo e investigaciones, podemos concluir que el gobierno de (Miguel) Saiz carece de un “Plan Contra el Delito”. No existen especialistas en materia preventiva del delito, todo es improvisación, con consecuencias lamentables en la sociedad rionegrina que se siente vulnerable frente a la delincuencia.”

Esta situación planteó Piccinini lleva al "descreimiento total en el accionar de las autoridades, que observa la ineficiencia para prevenir y evitar el ilícito del que son víctimas diariamente, y luego incapaces de recuperar los bienes sustraídos o en los casos más graves no dar con los responsables de los abusos perpetrados sobre su integridad física".

La defensora, desde hace años crítica del funcionamiento del área provincial, consideró que todo ello "ocurre ante la falta de capacitación de los efectivos policiales que afecta no sólo la tarea propia de la Policía que es la prevención del delito, sino la otra tarea que debe desempeñar, no menos importante, como auxiliar de la Justicia, en la persecución del delito".

Piccinini dijo que en reiteradas oportunidades "denunció la deficiente conducción de la fuerza policial, que premia o protege a quienes han cometido excesos en detrimento de aquellos buenos policías que se ven postergados por no actuar en complicidad con quienes utilizan la institución para su propio beneficio".

Finalmente, ante el reclamo de actuación por una muerte ocurrida recientemente en Viedma, aclaró que cuando existe un delito penal que no proviene del Estado, está obligada a retraerse y en contrario debe hacerlo, cuando es el Gobierno el que no cumple sus responsabilidades.

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