El abogado que los representa dijo que pedirán que el proyecto del diputado Guaymás llegue al recinto. Aumento salarial, pago de las horas extras, equipamiento, son algunos de los reclamos de los policías.
Disconformidad salarial, recargo de servicios (horas extras) sin el correspondiente pago, falta del equipamiento correspondiente, traslados al interior como método de castigo, son algunos de los reclamos que habían llevado a la medida de fuerza, que finalmente no se concretó.
Reclaman por el gremio
Pablo Cardozo, representante legal de un grupo de policías cesanteados y de otros que actualmente prestan servicios, afirmó que “apenas pase el Milagro vamos a volver a insistir con el proyecto de ley que propone la creación de un sindicato para los policías de Salta”.
El proyecto que descansa en la Legislatura salteña, y que propone un sindicato para defender el derecho de los policías, fue elaborado y presentado por el actual diputado provincial Jorge Guaymás. “Lo que ocurre es que desde el Ejecutivo bajaron órdenes para cajonear el proyecto de Guaymás, pero vamos a pelear hasta que los policías tengan un sindicato”, expresó Cardozo.
Protesta
La situación de malestar por la que atraviesan los policías tanto en la capital como en el interior de la provincia provocó que un rumor de paro se dispersara. Según las distintas versiones que circularon por los medios, ayer, familiares de policías y hasta un grupo de efectivos iban a protestar para que mejoren las condiciones salariales y se les paguen las horas extras. Finalmente no se realizó, y Cardozo sostuvo que “por amenazas y aprietes, los efectivos no se manifestaron. Los policías están enojadísimos. Hay mucha bronca por cómo trabajan. Todas las horas extras que tienen no se las paga nadie. El paro se frustró por las amenazas que recibieron para no adherirse”, sostuvo Pablo Cardozo. No obstante, en Orán, un grupo de familiares de policías salieron a las calles para pedir mejores condiciones para los efectivos.
En la misma línea, el presidente de la Fundación Estrella Azul, Rodolfo Serrano, que reúne a expolicías y otros tantos en función, expresó que “el mayor error es el que comete el ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, quien se niega a dialogar con los efectivos. No quiere abrir canales de diálogo e ignora los reclamos. Al tratar a los que quieren reclamar como grupo de loquitos, está mostrando una gran falta de respeto”, expresó Serrano. En diálogo con este medio, la oficial Marina Burgos, vocera de la Policía de Salta, informó que “en ningún momento hubo rumores dentro de la fuerza sobre un posible paro”. Burgos informó que dentro de la fuerza, ningún efectivo presentó un reclamo a las autoridades mediante un escrito de modo de canalizar las inquietudes de estos.
"Ninguna ley lo prohíbe”
Ricardo Raffo es uno de los fundadores de la Asociación Profesional Policial de Entre Ríos. Llegó a Salta con el fin de escuchar los reclamos de sindicalización.
Raffo dialogó con El Tribuno sobre la necesidad de que los efectivos policiales cuenten con una organización sindical que defienda sus derechos como trabajadores.
“En Entre Ríos y unas pocas provincias más hemos logrado conformar organizaciones que defiende los derechos de trabajadores policías. Tenemos existencia real, aunque todavía no un reconocimiento como persona jurídica”, sostuvo Raffo.
Según expresó, pronto la Justicia se va a expedir sobre esto.
“En ninguna ley existe prohibición alguna de que la policía pueda conformar un sindicato. Tampoco hay tratados internacionales u otros instrumentos que lo impidan”, dijo Raffo.
Añadió que en caso de que eso suceda, “será más fácil evitar protestas policiales donde está latente el temor de la sociedad a quedar desprotegida”.
Regulaciones
Raffo le dijo a El Tribuno que, en caso de que los policías se sindicalicen en todo el país, no se corre riesgos de paros o huelgas dado que el Congreso de la Nación será el encargado de regular los derechos y establecer los límites necesarios. “No es que los policías harían lo que quieran si cuentan con un sindicato, sino que van a tener más derechos y, sobre todo, un canal de diálogo con el Ejecutivo”, concluyó.


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