El segundo capítulo del diálogo entre la Municipalidad de Río Cuarto y la empresa Cet, que explota el negocio de las tragamonedas en la provincia, terminó igual que el primero: en fracaso. Ni el grupo Roggio ni el gobierno local se movieron de sus posiciones anteriores y, por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia no logró su objetivo de que se llegara a un acuerdo por el horario de las slots en la ciudad.

El litigio entre la concesionaria del juego y la Municipalidad se inició en 2009, cuando el Ejecutivo intentó poner en marcha la ordenanza 262, que le ponía límite al horario de las tragamonedas. Esa normativa, que prohibía que la sala de juego estuviera abierta las 24 horas y establecía un tope de entre 14 y 15 horas por día, jamás pudo aplicarse porque el Tribunal Superior de Justicia ordenó suspenderla hasta tanto se definiera la cuestión de fondo; esto es, si es constitucional o no que un municipio intente ponerle límites a una actividad regulada por la Provincia.

Antes de emitir una sentencia, el máximo órgano judicial de Córdoba decidió convocar a Cet y a la Municipalidad a una audiencia de conciliación. No hubo resultados positivos en la primera, que se hizo el 31 de julio, y por eso el Tribunal fijó un nuevo encuentro para esta semana. Sin embargo, tampoco llegaron a un acuerdo. Es más, los abogados del Municipio plantearon que no hay posibilidades de diálogo y que sólo resta esperar el fallo de fondo.

Según relataron fuentes que estuvieron en el encuentro, Luis Rubio, el vocal del Tribunal Superior que participó en la audiencia, insistió para que se pudiera llegar a un acuerdo que, finalmente, no prosperó.

Regulación

El planteo de la Municipalidad en la segunda audiencia de conciliación fue el mismo que hace dos semanas: reclamó que se reconozca la autonomía municipal y la facultad del Estado local de regular la actividad del juego. Recién a partir de ese reconocimiento, que incluye el poder de policía municipal, se podría comenzar a hablar de la cantidad de horas de restricción. Es decir, los abogados del Estado plantearon que ningún aspecto puede discutirse si antes no se admite la facultad municipal de ponerle condiciones a una actividad.

La empresa Cet también estuvo inflexible: planteó que el juego es una actividad regulada por el Estado provincial y que, por lo tanto, es sólo ese estamento el que puede fijar los límites.

“Ya desde el primer año de gobierno, en 1999, planteamos la necesidad de ponerle coto a ese horario indiscriminado. No hay ejemplos en el mundo de casinos que funcionen las 24 horas. Nos preocupan las consecuencias sociales, económicas y sobre la salud de la gente. Defendemos la autonomía municipal y creemos que quedó cerrada la mediación. Sólo resta esperar el fallo del máximo tribunal”, indicó Jorge González Schiavi, uno de los letrados que representó al Municipio en la audiencia.

Los abogados locales señalan que la decisión política del intendente Juan Jure es llegar a la Corte Suprema de Justicia si es que el Tribunal Superior falla en contra de Río Cuarto.

En las dos cautelares que emitió en el caso, el máximo órgano judicial señaló que la Municipalidad había avalado, durante la gestión de Alberto Cantero, los acuerdos y convenios que regulan el negocio de las tragamonedas y que, por lo tanto, realizó actos que ratificaron el funcionamiento durante las 24 horas. Cada cautelar fue mal presagio para las pretensiones del gobierno de Jure.

Cada vez factura más

Mientras la Municipalidad y Cet se ven las caras en Tribunales, la sala de juegos en la costanera sigue facturando cada vez más. El último registro que se dio a conocer es de mayo de este año, cuando la empresa del grupo Roggio declaró que hubo jugadas en Río Cuarto por 7.643.000 pesos, una cifra que implica un incremento del 30 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado.

Durante los cinco primeros meses del año, las tragamonedas facturaron en total 34,5 millones de pesos y alcanzaron un promedio que orilló los 7 millones mensuales. El crecimiento del negocio ha sido constante.

El Municipio hizo estudios sobre el público que concurre a las slots y concluyó que el 85% son asalariados