Las fotomultas implementadas por la Comuna con la asistencia de la Provincia generaron los primeros cruces entre ambas jurisdicciones. Tras las primeras quejas de los usuarios, el Municipio endilgó a la Provincia la colocación de los dispositivos, que mandó a retirar, y anuló las multas labradas. Desde Gobernación, salieron a desmentir la versión y aseguraron que la política de seguridad vial dentro del ejido urbano corresponde al municipio.

Se trata, en total, de cuatro dispositivos, colocados en 7 y 609, 137 y 38, y 44 y 243, que incluyen cámaras para fotomultas, y un radar que mide la velocidad en 60 y 118. Los montos de las mismas llegan hasta los 4 mil pesos por pasar una luz roja, lo cual se considera "falta grave".

Fue la Secretaria de Modernización y Desarrollo Económico, Alejandra Sturzenegger, la que salió a cargar las tintas contra el Gobierno provincial. “La Provincia las colocó (a las fotomultas) en base a un convenio que se firmó con el municipio”, se desligó. “Quedamos en hacer un trabajo conjunto para instalar herramientas: cámaras, tablets, sistemas de fotomultas, pero lamentablemente no se llegó nunca a tener un conocimiento fehaciente de qué se estaba realizando y nos encontramos de repente con una cantidad importante de multas”, insistió.

La funcionaria municipal afirmó que hubo “sorpresa” en el gobierno de Pablo Bruera, a raíz de los reclamos de los vecinos. “Además no consensuamos dónde estaban colocadas”, insistó, tras lo cual comunicó la decisión del Ejecutivo de “retirar las multas en forma inmediata” y devolver el dinero a quienes ya las hayan abonado.

Desde la Provincia, insistieron con que la colocación del aparato corre por cuenta de la Provincia, pero no así la decisión en cuanto a la ubicación. Es que, indicaron, la decisión sobre política vial en los ejidos urbanos corresponde a los municipios y no a la administración provincial.

“En el marco de un convenio de colaboración mutua entre la Provincia y el Municipio, que tienen que ver con educación, concientización, control y sanción, el municipio pidió la instalación de controladores electrónicos que la Provincia autorizó”, comunicaron desde Jefatura de Gabinete, marcando los límites de la injerencia del Gobierno provincial.