Entre los proyectos de reforma judicial se encuentra el que restringe el dictado de medidas cautelares contra el Estado. Una de las modificaciones al texto, incluyó como excepción cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental.

“Al principio el tema nos asustó porque justamente una característica de la medida cautelar en el caso de cualquier tipo de proceso, es evitar un perjuicio irreparable al medio ambiente”, manifestó Marcelo Boykens.

“Dejado eso salvado, entendemos que es imperiosa la reforma de la justicia. Tiene que haber una democratización de la justicia. Esto lo vemos también en la provincia donde muchas veces se resuelve de acuerdo a los intereses políticos y no colectivos o comunes”, señaló.

El abogado explicó a esta Agencia que la medida cautelar para la lucha medioambiental es una herramienta “básica y elemental; máxime cuando los principios son la precaución y la prevención. Fundamentalmente la prevención para evitar que se produzca un daño ambiental que es irreparable”.

“Podría devenir en abstracto cualquier tipo de pretensión o reclamo ambiental si nos quedamos sin esta herramienta”, completó Boykens quien también es director del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de la provincia.