Así, en jurisdicciones más pobres en cuanto a los recursos propios (y también con amplios porcentajes de su población bajo la línea de pobreza, aunque ese dato hoy es difícil de conocer por las distorsiones de las estadísticas del Indec), la inversión real directa (IRD) medida per cápita puede triplicarse en una respecto de otra, tal como ocurre entre Formosa y Corrientes.

Y entre las provincias de ingresos más altos y baja densidad poblacional se dan casos como el de Santa Cruz, donde los fondos por habitante para el financiamiento de obras son más del doble que en la vecina Chubut.

Tales conclusiones surgen de un informe elaborado por el Ieral, de la Fundación Mediterránea, que analiza lo ocurrido, provincia por provincia, entre 2003 y 2011 (para el año pasado aún no hay información que permita el desagregado de los datos). El trabajo revela que, con el kirchnerismo en el poder central, los recursos destinados a obra pública en Santa Cruz -la provincia de Néstor y Cristina Kirchner, que encabeza el ranking- superaron en nada menos que 23 veces a la última jurisdicción del listado, que fue Buenos Aires. Más allá de que la diferencia en la densidad de población influya en la comparación de fondos per cápita, las conclusiones elaboradoras por los economistas Marcelo Capello y Gustavo Diarte advierten que tal grado de diferencia no es explicable por ese factor.

Fuentes de recursos

En el financiamiento de inversiones que deberían tender a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos intervienen tres fuentes de recursos: la recaudación propia de las provincias; las transferencias desde la Nación por la ley de coparticipación federal y otras normas (como la de distribución del fondo por impuestos a la soja), y las transferencias discrecionales por parte del gobierno nacional.

El mapa muestra una amplia dispersión entre provincias según el nivel de dependencia del envío de fondos que, al no condecirse con los índices de la realidad socioeconómica de cada lugar, deriva en inequidades.

La falta de una discusión de fondo de la distribución automática por coparticipación fue acompañada en los últimos años de hechos que dejaron más espacio para la discrecionalidad. Tal es el caso del tope para el Fondo del Conurbano, que afecta la participación relativa de la provincia de Buenos Aires, o el de la creación de impuestos que son coparticipables en baja proporción, como el de débitos y créditos bancarios, que se suma a la resignación, en los años 90, por parte de las provincias, del 15% de la masa compartible de impuestos nacionales para financiar a la Anses.

De acuerdo con los datos recopilados por el Ieral, en Santa Cruz la IRD fue de $ 76.216 per cápita en el período analizado. Le siguen Chubut, con $ 33.542, y San Luis, con $ 33.399. En el otro extremo, la provincia de Buenos Aires muestra una cifra de $ 3343, en tanto que la segunda con inversión más baja es Mendoza ($ 6576) y la tercera resulta Córdoba, con $ 6753, seguida de muy cerca por Santa Fe, con $ 6769.

La dispersión es también amplia en cuanto a la fuente de los recursos: en Santa Cruz, el 56,4% de las erogaciones se financió con transferencias de capital desde el gobierno nacional, en tanto que en Chubut ese índice fue de 23,1%, y en San Luis, de sólo 4,7% (menor incluso que en la ciudad de Buenos Aires -la jurisdicción con mejor generación de recursos propios por habitante después de Tierra del Fuego-, donde los fondos asignados por la Nación fueron 5,4 por ciento).

La participación de esas transferencias resultó más baja que el promedio en el financiamiento de obras en lugares pobres, como Catamarca (24,3%), Corrientes (30,6%) y Santiago del Estero (31,5 por ciento), tres provincias en las que la IRD de la primera o de la tercera prácticamente triplican a la de la segunda, que con $ 7918 per cápita se ubicó en un nivel cercano al de Tucumán ($ 8350). En esta última provincia, sin embargo, la participación de la Nación en los recursos totales fue mucho más elevada: 57,7 por ciento.