El bloque de la Coalición Cívica-ARI presentó un proyecto de resolución por el que piden informes sobre la actuación del Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT). El edil de esa bancada, Oscar Negrelli, explicó a Hoy que lo hicieron porque "nos gustaría saber cual fue la actuación del COUT durante el último año, ya que es un organismo creado por una ordenanza", y cuestionó al instituto multisectorial convocado por el intendente Bruera para discutir las reformas. "Está demasiado vinculado a los intereses de las compañías constructoras", señaló. Cabe acotar que junto a los representantes del Departamento Ejecutivo, participan del instituto en cuestión los colegios de Arquitectos, Ingenieros, Agrimensores y Técnicos, la Cámara de la Construcción, representantes de las pymes vinculadas a esta rama, junto a los martilleros, los corralones y empresarios de materiales para la construcción.

Sin embargo, si hay algo que no existe en este momento son precisiones respecto de las modificaciones al Código de Planeamiento Urbano que plantea el Departamento Ejecutivo. Tampoco sobre la velocidad en el avance de una iniciativa, que, paradójicamente, no tiene todavía entrada en el Concejo.

Respecto de los tiempos en que llegará el proyecto al deliberativo, las versiones se contraponen. La oposición estima que el tratamiento se dará más o menos en paralelo con el presupuesto, luego del tratamiento por parte de la Asamblea de Mayores Contribuyentes de la Ordenanza Fiscal Impositiva. Esto es, durante el mes de noviembre. Desde el oficialismo lo relativizan. Todavía dudan sobre si llevar a cabo los cambios con la actual composición del Concejo, o esperar al recambio del 10 de diciembre. Además, aseguran que si existe un borrador de la ordenanza, al día de hoy no ha pasado por ese bloque.

Por eso, tanto ediles oficialistas como opositores se remiten a las explicaciones que dan los funcionarios de las direcciones de Planeamiento y Obras particulares en las reuniones de Comisión respectiva. De ellas se desprende que la intención del departamento Ejecutivo sería habilitar la construcción de edificios de mayor altura, pero sólo en zonas en que el impacto sea menor, como las principales avenidas. Una de las argumentaciones del oficialismo es disponer de mayor espacio verde en los terrenos, y disminuir el impacto visual.

Justamente una de las objeciones de los ediles opositores es el impacto que tendrían las construcciones de mayor altura sobre los ya sobrecargados servicios cloacales.