En medio de la incertidumbre generada por los constantes atrasos en los envíos de fondos por parte de la Nación, la Provincia pretende sostener la ejecución mensual de los planes habitacionales con los ingresos generados por las retenciones a las exportaciones de soja.

Así se desprende del decreto N° 116 firmado por el gobernador, José Alperovich. Por el instrumento, el Poder Ejecutivo dispuso la asistencia anual que, durante 2010, concederá al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) para financiar parte del programa de construcción de viviendas.

El monto es similar al de 2009, casi $ 58 millones para los 12 meses del año (unos $ 5 millones cada 30 días), aunque la procedencia de ese dinero es lo que llama la atención. Según el decreto, menos de $ 10 millones serán extraídos de la partida "Recursos del Tesoro General de la Provincia". El resto, casi $ 48 millones, provendrán de los ingresos que generen al Estado las exportaciones de granos.

Efectivamente, en el Presupuesto general para el año en curso, el Gobierno previó recibir por el Fondo Federal Solidario unos $ 137 millones. Es decir, casi el 35% de ese monto será destinado al mantenimiento de los planes habitacionales.

En Tucumán están en construcción poco más de 9.000 viviendas, pero los problemas económicos de la Nación obligaron a la Provincia a mermar el ritmo de trabajo. De hecho, la deuda con las empresas constructoras va en aumento, ya que hace poco se cancelaron los certificados de obra correspondientes a agosto. En consecuencia, están pendientes de pago y exigibles legalmente los de setiembre, octubre y noviembre (estos documentos vencen a los 55 días de emitidos). En total, la deuda con las contratistas llega a $ 150 millones (si se incluye el mes de diciembre, próximo a caducar), teniendo en cuenta que la Provincia certifica algo más de $ 40 millones mensuales en obras.

El Fondo Federal Solidario fue creado el 19 de marzo de 2009, luego del conflicto entre el Gobierno nacional y las entidades que representan a los productores rurales. Entró en vigencia el 1 de abril, con un régimen de coparticipación a las provincias del 30% de los montos "efectivamente recaudados en concepto de derecho de exportación de la soja" y para financiar, "en provincias y municipios, obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales". Estos fondos, según la ley 8.174 de adhesión, no pueden ser utilizados para el financiamiento de los gastos corrientes. Además, el 30% de los recursos que ingresan es distribuido entre los 19 municipios y las 93 comunas rurales.