No todo fue un hachazo. A pesar del recorte en el monto del endeudamiento, el Presupuesto 2013 esconde algunas alegrías para el oficialismo. Así, por ejemplo, mantiene la potestad de remover partidas dentro de cada jurisdicción y también entre jurisdicciones. A esta autorización que fue en la media sanción que votó Diputados, los demócratas la llaman "superpoderes", mientras que los radicales dicen que la necesitarán, teniendo en cuenta la falta de financiamiento que padecerá el Gobierno provincial.

"Yo no sería tan dramática. ?Superpoderes' son los que tiene el Gobierno nacional, que modifica partidas y el Congreso ni se entera", dijo la radical disidente del bloque Leandro Alem, Liliana Vietti.

Así pues, el artículo 9 del proyecto de Presupuesto 2013 es el que autoriza al Poder Ejecutivo a modificar la pauta dentro de cada jurisdicción, para que cada ministerio pueda disponer de sus recursos, más allá de lo que dirá la Ley de Presupuesto cuando sea sancionada mañana por el Senado. Lo mismo ocurre en el artículo 10, pero para transferir crédito de un ministerio a otro.

Otro artículo que puede considerarse un "superpoder" es el 37. "Suspéndase las afectaciones de recursos establecidas por leyes provinciales para fines específicos", dice de arranque ese apartado y eso significa que todas las leyes que destinan fondos a cuestiones específicas, no serán de aplicación en 2013.

Al cierre de ese artículo se indica: "Cabe señalar que en caso de estimarlo conveniente, el Poder Ejecutivo, podrá destinar estos recursos afectados provinciales a otros destinos distintos de los aprobados por sus respectivas leyes de afectación, transformándolos en recursos de rentas generales, siempre y cuando estén en peligro la prestación de servicios esenciales para el Estado tales como: salud, educación, seguridad o desarrollo social, entre otros. Quedan exceptuados de lo antes expuesto los recursos afectados provinciales que financien gastos de personal en la proporción que corresponda a este fin". Más claro imposible.

Siguiendo con las sorpresas que le permitirán contar con oxígeno en medio de la crisis está lo que depara el artículo 14, que faculta al Ejecutivo a aumentar la pauta de gastos de 2013 en la medida de que haya mayor recaudación.

Este artículo se complementa con el anterior, donde dice: "Autorízase a la suspensión de la constitución de los Fondos Anticíclicos previstos por la ley 7.314 y sus modificatorias en el ámbito de los Ejecutivos Municipales y del Poder Ejecutivo Provincial, en tanto exista déficit provincial. La mayor recaudación deberá ser destinada a tender las erogaciones necesarias para solventar los acuerdos paritarios del Ejercicio 2013".

La ley 7.314 es más conocida por su nombre: de Responsabilidad Fiscal, en el artículo 10 de esa norma se establece la creación de fondos anticíclicos, para contar con un colchón financiero para enfrentar problemas futuros. Ahora, la Ley de Presupuesto 2013 suspenderá lo previsto en esta ley, para enfrentar con la mayor recaudación los incrementos salariales.

Una de las disposiciones que hizo poner el grito en el cielo a los demócratas es que, del total de recursos que llegarán a Mendoza en concepto de regalías petrolíferas sólo unos pocos millones irán a parar a obra pública. El concepto que el PD agita es que el petróleo es un recurso que se agota y la ganancia por el mismo debe dejar algo a la provincia.

En realidad, la ley 6.841 establece que un porcentaje de las regalías debe destinarse a la constitución del Fondo de Infraestructura Provincial. El porcentaje mínimo que se establece es el 10% (que debía cumplirse en el año 2002 y de ese momento, el porcentual creciente hasta llegar al 100% cuando se llegara al equilibrio operativo del presupuesto).

"La provincia recibirá unos mil millones de pesos durante 2013 pero, para el Fondo de Infraestructura sólo se destinan 45 millones", decía Hugo Babolené, para señalar que se estaba muy lejos de siquiera el 10%. Este monto está previsto en el artículo 33 del proyecto de Presupuesto.

Otra cuestión que aprobó diputados es el incremento de los ingresos de los funcionarios públicos que ocupan cargos políticos o electivos. De este tema ya se había ocupado Los Andes el 8 de diciembre. El artículo 64 del proyecto de Presupuesto establece que el gobernador y todos los funcionarios políticos deberán percibir el adicional por antigüedad (2% de la asignación de la clase) y por título (30% de la asignación de la clase).

El gobernador cobra el doble de una clase 13 de la administración pública y desde ahí se calculan los sueldos de ministros, secretarios, directores y legisladores. Es decir, todos deberán cobrar estos adicionales, en caso de que el Presupuesto 2013 fuera aprobado mañana por el Senado.