Un flagelo social que genera polémicos beneficios

Codere confirmó que gran parte de sus ingresos provienen de la Provincia. Acusó una pérdida millonaria en México por una ley antitabaco, mientras que en territorio bonaerense las salas de bingo están exceptuadas de esa normativa. Falta de controles y el misterioso incremento de la cantidad de tragamonedas.
Los sectores más humildes de la provincia de Buenos Aires, que quizás encuentran en el juego la única forma de sobrevivir económicamente y que por ello diariamente abarrotan las salas de juegos, son los que están sosteniendo al grupo español Codere.

Es decir: el dinero que aportan los bonaerenses con sus apuestas, en una provincia que tiene alarmantes índices de pobreza estructural, le están otorgando millonarias ganancias a la multinacional de origen español, que son giradas a Europa. Y que hasta permiten equilibrar las pérdidas que está teniendo por las regulaciones que se están imponiendo en distintos países del mundo, donde han tomado conciencia sobre las consecuencias sociales que acarrea el desarrollo sin control del juego.

Así lo demuestra el balance presentado por la empresa, correspondiente al primer trimestre de 2010, que tiene algunos datos que resultan escandalosos. Por ejemplo, la compañía informó que en la Argentina, “se incrementó la facturación un 7,2%, respecto al primer trimestre de 2009, hasta alcanzar los 100,1 millones de euros, como consecuencia del crecimiento del parque de máquinas recreativas instaladas (con un total de 4.726, 247 más de las que tenía en 2009) y el importante aumento de la recaudación media diaria por máquina (un 21,3% más en moneda local que en el primer trimestre de 2009)”. Codere opera, en la provincia de Buenos Aires, 14 salas de bingo con tragamonedas. Como si esto fuera poco, y tal como lo viene informando este diario, la empresa española mantiene en los hechos una sociedad con el zar kirchnerista del juego, Cristóbal López, que desembarcó en la Provincia con la compra del bingo de Los Polvorines, y buscará instalar tragamonedas en el hipódromo de San Isidro (ver aparte).

Uno de los puntos más controvertidos es que la propia empresa informó que aumentó el parque de máquinas tragamonedas en la Provincia, en un 5,5%, cuando no se hizo público ningún registro o comunicación oficial, por parte del Instituto de Lotería y Casinos bonaerense, que haya autorizado esa operación.

El caso mexicano es paradigmático. La empresa española informó una pérdida de 3,9 millones de euros en el país azteca que la atribuye, entre otros factores, a una ley antitabaco. Precisamente, el año pasado, en la provincia de Buenos Aires, las salas de bingo quedaron exceptuadas de las restricciones establecidas en la norma que prohíbe fumar en locales cerrados.

Otras pérdidas del grupo español son:

Panamá: -2,3 millones de euros, asociada al cierre temporal del casino Colón desde junio de 2009.

España: -1,6 millones de euros, derivada fundamentalmente del menor número de máquinas y de la caída de la recaudación media diaria por máquina respecto al primer trimestre de 2009, así como de la menor venta de máquinas a terceros.

Italia: -0,6 millones de euros, debido principalmente “a la caída de los ingresos en Bingos Italia como consecuencia del aumento del porcentaje dedicado a premios (pasó del 58% al 70%), tras el cambio regulatorio en noviembre de 2009, compensado en parte por el crecimiento de la recaudación media diaria por máquina.

Avanza la instalación de tragamonedas en hipódromos

En su edición del lunes, este diario dio cuenta del acuerdo que existiría entre las tres principales empresas del juego del país (Codere, Boldt y Casino Club de Cristóbal López), el Instituto de Loterías bonaerense y el presidente del Jockey Club, Bruno Quintana, para instalar máquinas tragamonedas en el Hipódromo de San Isidro.

Quintana es un mediático personaje, habitué de las publicaciones que retratan los vaivenes de la farándula. A ello le suma aceitados contactos políticos. En su currículum personal se autodefine como “productor y empresario”, siendo a su vez “administrador y consultor de empresas agrícolo ganaderas de la provincia de Buenos Aires”. También fue presidente durante un período de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, y asumió distintas responsabilidades en la Sociedad Rural Argentina, como fue ser presidente del Comité de Tecnología y director de la entidad.

Además, la SRA designó a Quintana en el directorio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). También es titular de la empresa Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias SA (Intea), que pertenece al Grupo INTA y en cuyo directorio participan organizaciones de la producción agropecuaria.

En tanto, la empresa Boldt, que explota el casino Trillenium de Tigre, le habría propuesto al Instituto de Lotería y Casinos bonaerense desistir de la vía judicial y negociar el perímetro de exclusividad para el juego, para llevarlo de 150 a 30 kilómetros. A cambio, pidió un nuevo período de licencia por 15 años (el mismo plazo que se aplicó en la renovación de la licencia a la sala de La Plata). Es decir, también deja la puerta abierta para el ingreso de Cristóbal López.

En foco

Hay que poner un freno

Uno de los principios rectores del capitalismo es la generación de ganancias. Resulta ilógico pensar que alguna persona o empresa invierta con el objetivo de perder dinero.

Ahora bien: todo tiene un límite. Hacer negocios multimillonarios gracias al crecimiento de un verdadero flagelo social, como es el juego, resulta inadmisible. Y es ahí donde tiene que intervenir el Estado, para asumir el control.

En una provincia que tiene medio millón de jóvenes que están absolutamente excluidos del sistema, en el Conurbano bonaerense, es prácticamente un pecado dejar que los millonarios recursos que genera esta actividad solamente sirva para enriquecer a un puñado de empresarios, que desde los años ‘90 mantienen estrechas relaciones con el poder político. Sólo en la provincia de Buenos Aires, para el año 2010 se espera que el negocio del juego genere $ 8.561 millones (casinos, hipódromos, quinielas, etc), de los cuales $ 1.899 millones corresponden a las máquinas tragamonedas.

Es necesario, en ese sentido, recordar el mensaje que oportunamente dio la Iglesia católica. Una carta del obispo de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto, afirmó que “los bingos surgieron en principio como inocentes salones de encuentro familiar, pero que, unidos al fabuloso negocio de las tragamonedas, al alcance de todos los estratos sociales, se han ido convirtiendo en importantes centros de juego y, como tales, en destructores de vidas y ruina de una enorme cantidad de familias”.

Y agregó: “El fenómeno de la exclusión está alimentado en el Conurbano bonaerense por el juego, la cultura de la dádiva, el alcoholismo y el reparto de bienes y favores del narcotráfico”.

Ante esta situación, el Estado no puede seguir siendo un actor de reparto. Tanto oficialismo como oposición deberían intentar encontrar acuerdos básicos para ponerle un freno a este verdadero flagelo social.

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