El coordinador de la comisión que investiga los saqueos, Rodolfo Domínguez, titular de la fiscalía N° 2 de San Isidro, solicitó a todos los fiscales del país que informen sobre procesos relacionados con saqueos, acuartelamientos, movilizaciones, reclamos y/o planteos, entre otros, de personal policial dirigidos a las autoridades de la Constitución.

Hasta el momento serían cinco las provincias donde se han iniciado causas por presunta sedición: Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Catamarca y Entre Ríos. En esta última provincia la investigación fue iniciada por el procurador general ante el Superior Tribunal de Justicia, Jorge García, y no hay aún responsables individualizados, se informó a UNO.

En Santa Fe, la denuncia fue planteada por el fiscal de Estado, Pablo Saccone, ante la Justicia Federal. En Córdoba lo hizo un grupo de abogados también en el fuero federal. En Tucumán, al igual que en Entre Ríos, fue ante la Justicia provincial. Recientemente se inició una causa en Catamarca ante la Justicia federal.

Este jueves se volverán a reunir los fiscales de la comisión, que es integrada por el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, José Ignacio Candioti, para analizar la información recabada y resolver futuras medidas.

A comienzos de la semana pasada, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictó la resolución 2623/13, mediante la que creó esta comisión de fiscales con el objetivo de recabar en forma permanente información sobre casos que se susciten en cualquier lugar del país y que pudieran vincularse con hipótesis delictivas de atentados contra el orden público, los poderes públicos y el orden constitucional.

Fue en ese contexto que el coordinador de la comisión, Rodolfo Domínguez, titular de la fiscalía N° 2 de San Isidro, solicitó a todos los fiscales del país que le informen sobre procesos judiciales relacionados con saqueos, acuartelamientos, movilizaciones reclamos, pedidos, exigencias y/o planteos, entre otros, de personal policial dirigidos a las autoridades de la Constitución.

En caso de existir algún tipo de actuación judicial, Domínguez indicó que se informaran los siguientes datos: 1) fecha de inicio de las actuaciones, carácter de las mismas, autoridad interviniente (juzgado, fiscalía, etc.), breve reseña de los hechos que se investigan, personas y/o entidades denunciadas o de algún modo vinculadas al proceso, medidas evaluadas y, eventualmente, resultados obtenidos; 2) los resultados de las diligencias que se hayan llevado a cabo para acreditar la existencia de los sucesos, como ser filmaciones, fotografías, artículos periodísticos, intervenciones y registros telefónicos, informes sobre usuarios de redes sociales que hayan alertado sobre el acuartelamiento de la fuerza y alentado a los saqueos, ello con el propósito de identificar patrones comunes en cada uno de los casos; 3) si se ha logrado la identificación de los integrantes de las fuerzas policiales que llevaron a cabo cada una de las negociaciones y de aquellos que se plegaron a los reclamos salariales; 4) todo antecedente de interés que permita prever la posible comisión de nuevos atentados.

Además de Domínguez y Candioti, otros fiscales generales que integran la comisión son Federico Martín Carniel, de Resistencia, y Adolfo Raúl Villate, de Rosario.

En principio, Gils Carbó dispuso que el equipo de trabajo funcione por 60 días. Al término de este plazo, se evaluarán las atribuciones que le fueron conferidas y la necesidad o no de mantener su vigencia. Durante ese período la comisión deberá informar a la Procuradora General acerca del estado de situación de estas manifestaciones criminales en los distintos lugares del país.