Las comunas de Costa Uruguay Sur y de Pueblo General Belgrano pagaron –bajo factura como corresponde- por servicios de la Zonal de Vialidad en la anterior gestión de Esquivel. Cuando estas comunas presentan sus movimientos administrativos, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos verifica las cuentas y se percata que el dinero pagado por las comunas no había ingresado a las arcas de la Zonal de Vialidad.

Esta irregularidad fue girada bajo dos expedientes a la Fiscalía de Estado para que aconseje los pasos judiciales a seguir, como es de rigor.

Pero, una ostensible como inexplicable demora por parte de la Fiscalía, impide por el momento que el Estado recupere el dinero perdido y se haga justicia. Es cierto que ningún gobernante está exento de tener funcionarios y/o empleados infieles que generen hechos de corrupción; pero lo que es inadmisible es que no haya mayores esfuerzos para combatir la impunidad.

La Fiscalía de Estado, cuyo titular es el doctor Julio Rodríguez Signes, se rige por el Artículo 139° que sostiene lo siguiente: "Habrá un Fiscal de Estado encargado de defender el patrimonio del fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso-administrativo y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado".

Además, se establece que el Fiscal de Estado podrá recurrir, por ante el Superior Tribunal de Justicia, de las resoluciones del Poder Ejecutivo, cuando a su juicio sean contrarias a los intereses patrimoniales del Estado, y en los casos en que den lugar a la acción contencioso-administrativa.

Por último –y para que nadie en Paraná se haga el distraído- es conveniente recordar lo que sostiene el Preámbulo de la Convención Interamericana contra la corrupción: "(…) El combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social".