La Fiscalía municipal no entendería en el conflicto de los nueve exfuncionarios del Concejo Deliberante pasados a planta permanente durante la presidencia de Simón Hernández (h). Por lo tanto, devolvería el expediente recientemente remitido por la presidenta del cuerpo deliberativo, Jimena Herrera.

No obstante, el órgano judicial municipal aún no recibió el recurso en cuestión, ya que debe realizar el circuito administrativo correspondiente.

El edil oficialista Juan José Sigampa, en tanto, había adelantado su postura coincidente con este criterio, la que dejó manifiesta durante la reunión mantenida días atrás entre el recientemente designado fiscal Julio César Córdoba y los miembros del bloque del Frente para la Victoria.

“Siempre coincidí con él (en referencia a Córdoba). El Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante son dos poderes distintos. El fiscal nos dijo que, si la presentación llegaba a su oficina, volvería inmediatamente aquí, porque no tiene competencia en el asunto”, expresó.

Desde la oposición, en tanto, también entienden que Córdoba no tendría injerencia en el conflicto, recurriendo a los términos del artículo 73 (capítulo V, de la Fiscalía municipal) de la Carta Orgánica, que dice: “El fiscal municipal tendrá la función de contralor de la legalidad y legitimidad de los actos de la administración municipal”, citaron, remarcando que se trata de diferentes esferas.

Carta orgánica

“El fiscal municipal tendrá la función de contralor de la legalidad y legitimidad de los actos de la administración municipal”, dice en su artículo 73.