El ministro de Educación provincial, Walter Grahovac, se presentó ayer ante la Fiscalía Penal, Económico y Anticorrupción para ponerse a disposición de una investigación por la denuncia que realizó su ex esposa que lo vincula con una empresa constructora proveedora del Gobierno provincial. El fiscal Gustavo Hidalgo aseguró que le dará curso a la investigación.

“Para que no queden dudas de que no tengo ninguna vinculación ni ahora ni antes con la empresa, que esto surge de una demanda privada y que nosotros no tenemos ningún tipo de problemas de que nos investiguen y que determinen las responsabilidades”, dijo Grahovac al presentarse en la Fiscalía.

De esta manera, el ministro de Educación volvió a negar ser el dueño de la empresa Construcciones-Servicios SRL, tal como asegura su ex esposa, Graciela Mónica Forzinetti, en la demanda de divorcio, en la que exige el 50 por ciento de las ganancias de la firma.

Por su parte, el fiscal Hidalgo explicó: “He dispuesto iniciar la investigación”.

Este sería el puntapié inicial para que con esta denuncia y algunas averiguaciones, el fiscal pueda solicitar al juez que investigue al funcionario. Ya que los ministros poseen de una inmunidad basada en derechos constitucionales lo que imposibilita que la investigación la lleve adelante un fiscal, sino un juez de Control.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Hugo Testa, no respondió a las preguntas que La Voz del Interior envió, ni a los reiterados llamados para que explique el proceso de licitación que se llevó a cabo para la construcción y reparación de escuelas, como el caso particular de la contratación de Construcciones-Servicios SRL.

Licencia. Por otro lado, anoche trascendió que Javier Taborda, secretario de Grahovac, y primer propietario de la constructora, habría pedido licencia, sin goce de sueldo.

En la Legislatura, el oficialismo impuso su mayoría y los votos de sus aliados kirchneristas para rechazar y archivar dos proyectos de opositores relacionados con el caso Grahovac.

Antes de esto, habían defendido al ministro de Educación y habían achacado intereses políticos y mediáticos todo lo que trascendió del caso.

El radical Dante Rossi, que propuso formar una comisión, le reclamó al oficialismo un gesto a favor de la transparencia. A su vez, aseguró: “No ha hecho mucho por ella en todos estos años”.

El juecista Roberto Birri consideró que la actitud del ministro y de su secretario “colisionan con la ley de ética pública y con la Constitución provincial”.