La ola privatizadora de los 90 dejó consecuencias irreparables pero también promesas incumplidas. Una de las tantas que siguen latentes es la creación de entes de control que fiscalizarían efectivamente el cumplimiento de las empresas concesionarias de servicios públicos. A más de 10 años de la cesión a privados del manejo del agua y las cloacas, el estado de Obras Sanitarias pone en tela de juicio la efectividad de los entes de control. Lo mismo, aunque en menor medida, sucede con el servicio eléctrico.

En este contexto, el actual fiscal de Estado, que subroga en su cargo a Pedro Sin porque Celso Jaque aún no envía a Senadores el pliego para proponer a su remplazante, considera que los entes de control no actuaron con eficiencia. En su opinión, se crearon varios organismos específicos que no actúan como la gente espera y por eso se vuelca de manera masiva a reclamar en Fiscalía de Estado por los servicio no prestados.

De Rosas repasó el caso emblemático que hoy muestra la provincia. Obras Sanitarias no cumplió con las inversiones prometidas y pasaron diferentes administraciones, dijo refiriéndose a la conducción del Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS) y al Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) durante los últimos gobiernos radicales y peronistas.

"Mi mayor objetivo es reforzar la Fiscalía de Estado, porque, como estamos, hacemos un control de la Constitución a medias", aceptó el funcionario, que, sin estar nombrado, ejerce el poder del organismo, porque la Carta Magna así se lo permite.

Respecto de los servicios públicos, De Rosas explicó que no tiene personal para la demanda que se presenta de gente que reclama porque las privatizadas no le dan el servicio de agua o de luz que merece. "Van a la empresa, después al ente de control, y nadie los escucha, entonces vienen a parar acá", asumió el abogado a cargo durante una década de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

El fiscal reconoció que no tiene personal ni el presupuesto necesario para actuar en estos casos, sin embargo, desde esa repartición siguen muchos de los pleitos que no se pueden resolver en las empresas por falta de atención a los consumidores.

Además, el fiscal eleva reclamos a Nación. 

demanda. La Fiscalía de Estado funciona con 3 contadores y no más de 40 abogados que deben cuidar el patrimonio provincial en cada rincón de la provincia. La repartición no cuenta con delegaciones y, por eso, estos profesionales deben absorber la demanda de todos los departamentos y rubros. Para graficar esta imposibilidad mostró un expediente que estaba sobre su escritorio. "Me piden que controle el cumplimiento de la ley de Loteos y no tengo agrimensores, ¿entiende que así cuesta mucho trabajar?", respondió en diálogo con El Sol.

Sin embargo, Joaquín de Rosas aseguró que esa repartición seguirá investigando las denuncias contra las privatizadas. En sus manos están nada menos que la denuncia por inconstitucionalidad del último aumento del servicio eléctrico, reclamos iniciados por deficiente prestación del servicio de agua potable y cloacas y por eso una persona de Fiscalía de Estado sigue de cerca la intervención de Obras Sanitarias, a través de su participación en las reuniones del Consejo Asesor dispuesto por Jaque tras la intervención que se decretó en agosto del año pasado.

Edemsa debe 6,3 millones de pesos por diferencias de cálculo

Tras la denuncias por extorsión de parte del Ejecutivo contra el Grupo empresario Vila-Manzano, lograron recuperarse algunas deudas cruzadas, en especial las relacionadas con la empresa eléctrica Edemsa. Sin embargo, en la Dirección de Ejecución y Control del Ministerio de Infraestructura aún está pendiente una deuda de 6.300.000 pesos por diferencias de facturación en el pago de ítems como canon, alumbrado público, compensación VAD, y CCE (Contribución para la Compensación de Tarifas Eléctricas).

El titular de esa repartición, Claudia Masachesits, confirmó el monto. Mientras que el fiscal de Estado aseguró que el monto fue confirmado hace días al apoderado de la firma como paso previo a la notificación por incumplimiento que incluiría sanciones.

Masachesits mostró que a partir de agosto, mes en que el Gobierno elevara las denuncias por extorsión contra el grupo propietario de Multimedios Uno, comenzaron a regularizar el cánon de concesión que no se pagaba desde hacía meses. No obstante admitió que están pendientes estas deudas que esperan resolución por parte de Fiscalía de Estado.