El fiscal Manuel González solicitó al juez que investiga el crimen del policía José Aigo, la elevación a juicio de la causa imputando a Marcos Fernández y su esposa, Analía Godoy, los delitos de encubrimiento y falso testimonio calificado.

El pedido de la parte acusadora se apoya en que se llevaron adelante todos los pasos procesales correspondientes y se cuenta con los elementos necesarios para que la investigación sea elevada a juicio y que tanto Marcos Fernández, hijo del intendente de San Martín de los Andes Juan Carlos Fernández, como su esposa respondan por los delitos imputados.

Ahora el juez Andrés Luchino deberá correr vista a la querella para que está indique si está de acuerdo con el pedido del fiscal o entiende, como es de prever, que aún existen medidas pendientes antes de ir a juicio. Si esto ocurre, el magistrado deberá decidir qué camino tomar, es decir, si eleva la causa a juicio porque a su entender el pedido del fiscal corresponde, si hace caso al reclamo de la querella de que aún faltan más pruebas o si directamente dicta el sobreseimiento de los imputados.

El asesinato de Aigo tuvo lugar en la madrugada del 7 de marzo de 2012, cuando el uniformado llevaba adelante un procedimiento de control de rutina en la Ruta Provincial Nº 23.

En ese marco, Aigo y su compañero, que se movilizaban en un patrullero, ven una camioneta que circulaba en dirección a la zona de Aluminé. Deciden interceptarla y revisarla para identificar a sus ocupantes.

Cuando se acercan a la camioneta doble cabina color blanca y tras verificar el contenido de la caja, el sargento José Aigo procedió a solicitar a los tres ocupantes de la camioneta que bajaran de la misma para revisar su interior. Para sorpresa del policía, al intentar mirar del lado del acompañante, recibe por la espalda varios disparos.

Su compañero, se trenzó entonces a tiros con uno de los tres hombres que, de esta forma, cubrieron su huida, mientras que el tercero, Juan Marcos Fernández propietario de la camioneta, resultó detenido.

Los otros dos sospechosos fueron identificados tiempo después como Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortes, ambos de nacionalidad chilena y pertenecientes a grupos guerrilleros trasandino; permanecen prófugos con pedido de captura internacional.