Si el juez de la causa hace lugar a ese planteo, las erogaciones previstas para "otras asignaciones al personal" quedarán congeladas.

La medida fue impulsada con el objetivo de evitar que mes a mes se siga ampliando la investigación, sumando nuevas circunstancias temporales al mismo hecho y agregando posibles autores. Además se busca poner fin a la comisión del supuesto delito de peculado que desde el Ministerio Público imputan a los ministros y al secretario general de la Gobernación, Francisco González.

El fiscal amplió recientemente la promoción de acción penal (que presentó la semana pasada la Procuradora General, Liliana Piccinini), incorporando nuevos funcionarios a la lista de involucrados. Se sumó, por ejemplo, al ministro de Hacienda, Carlos Oliva, quien no figuraba inicialmente en la documentación obrante en el expediente, pero se autoimputó luego mediante declaraciones públicas.

El bloqueo de la partida es otra de las ampliaciones presentadas por Álvarez. Cabe recordar que la 159 se aprobó inicialmente en diciembre último por un monto total de 25 millones de pesos, pero ya en enero se modificó la cifra por más de 34 millones, de los cuales se ejecutó casi un millón.

La partida 159, consignada como "otras asignaciones al personal" incluye los pagos por sobresueldos y reemplazó en 2010 a la 394 de "gastos de función jurisdiccional sin discriminar, suplemento personal por dedicación exclusiva funcional de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo" que desde 2004 a 2009 implicó un gasto total de 18 millones de pesos.

Por otro lado, la causa volvió ayer a estar en manos del juez Carlos Reussi, luego de que el titular del Juzgado 4, Juan Bernardi se excusara argumentando que tiene amistad íntima con uno de los imputados: el contador general, Gustavo Picchi.

Sin embargo, trascendió ayer que Reussi presentó su oposición a la excusación de su colega, por lo que la Cámara del Crimen deberá resolver quién será el magistrado que lleve las riendas del expediente.

Mientras tanto, el proceso sigue en poder de Reussi, quien tiene la obligación de instruir la causa sin demoras hasta tanto la instancia superior defina el diferendo.

Otra especulación surgida en estos días es que el magistrado también presente una excusación, en caso de que el hecho investigado involucre a la Fiscalía de Estado, donde su esposa ocupa un alto lugar.

Se informó desde la Justicia, no obstante, que "hoy lo que investiga Reussi no roza a la Fiscalía de Estado; si hubiera otra causa en la que se le imputa la distribución de dinero a ese organismo, será otra causa que tal vez le toque a otro juez. Pero por ahora, Reussi no debería tener motivos para excusarse y si así fuera debería haberlo hecho la semana pasada", cuando asumió la responsabilidad sin plantear objeciones.